Ana Langner
El Economista
Entre 2011 y 2013, 27 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas; en 24 de estas muertes violentas no existe persona alguna sentenciada por la comisión del crimen, lo que exhibe la incapacidad del Estado para investigar y sancionar a los responsables, revela el informe «El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013», la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas (Red Tdt).
El documento, a presentarse ese jueves, toma como referencia un Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos (SMDH), realizado desde 2009 por esta Red. De acuerdo con estas estimaciones, entre enero de 2011 y diciembre de 2013 la Red Tdt registró 104 casos en los que al menos una de las personas agredidas es un defensor o defensora de derechos humanos o un colectivo.
De este número de casos se reconocieron 171 defensores víctimas de agresiones; de esta cifra, 115 son hombres y 56 mujeres, así como 37 colectivo, lo que da un gran total de 200. El 80% de los ataques son cometidos contra personas en lo individual.
Al revisar los números se han registrado agresiones de este tipo en 24 entidades federativas del país; los siete estados con mayor número de casos registrados son Oaxaca (15), Guerrero (15), Chihuahua (10), Chiapas (9), Distrito Federal (8), Coahuila (7) y Puebla (7).
Asimismo se registraron casos en Estado de México, Michoacán, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Campeche.
De acuerdo con el documento, en Oaxaca los principales ataques a defensores se relacionan con los procesos de defensa de territorio, principalmente donde hay comunidades indígenas. En tanto, en Guerrero las agresiones más reiterativas perpetradas en este estado son las muertes violentas llevándose a cabo diez, seguidas por seis amenazas de muerte.
El conteo global del SMDH revela que los temas ligados al trabajo y a las agresiones se vinculan principalmente a la de derechos de los pueblos originarios o indígenas; las violaciones a los derechos de las mujeres y la identidad de género; la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada, que a su vez se relaciona con vinculan con asuntos de migración, trata de personas, violencia, tortura, desapariciones y militarización como estrategia del gobierno contra el narcotráfico.
La Red Tdt registra que la respuesta del gobierno frente al quehacer de las personas y colectivos en defensa de los derechos humanos, es decir, actos de represión, tortura, desaparición, operativos, criminalización de la protesta social, presos políticos o de conciencia; es también parte los temas que trabajan las personas defensoras.
De los 104 casos registrados, fueron identificadas 409 agresiones y/o violaciones a derechos humanos. En general, los siete tipos de agresiones más utilizadas por los perpetradores son: amenazas de muerte, amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidación, muerte violenta, y violaciones al derecho al respecto a la honra y la reputación.
“La ratificación de diversos instrumentos internacionales y la generación de marcos normativos a nivel nacional y local en materia de derechos humanos no han significado que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones…La falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar derechos humanos para toda la población, así́ como la impunidad sistemática, son factores determinantes que permiten que se realicen las agresiones a las personas defensoras, y se violente así́, el derecho a defender los derechos humanos”, concluyó la Red Tdt.
