En un despliegue despótico de cinismo sin límites, los «magistrados» del Tribunal Electoral emitieron un comunicado de prensa en el que niegan haber negociado la millonaria pensión vitalicia –que una mano invisible traspapeló subrepticiamente en el dictamen de las leyes electorales– aprobada por la mayoría priísta en el «senado».
“Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo”, argumentaron.
Eso me recuerda esta famosa frase, atribuída a Michael Moore:
«Cuando algo es oficialmente negado por el gobierno, es que en realidad ES CIERTO.»
Más adelante, regañan gruñonamente a los ignorantes ciudadanos que confundieron los conceptos de «pensión vitalicia» y «haber de retiro», pese a que, en circunstancias distintas, ambas figuras implican básicamente lo mismo: pagar una prestación económica DE POR VIDA al beneficiario. Seguros de que la prole es lo suficientemente idiota para no darse cuenta, subrayaron además que:
«El haber de retiro es una garantía prevista en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la Constitución. […] está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los exintegrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de dos años”.
Lo que no está previsto en la Constitución, es que los «magistrados» desechen en automático todas las pruebas que acreditan fraude electoral, favoreciendo descaradamente a la parte criminal (con la que además tienen vínculos comprobados), a cambio de prebendas millonarias, como hoy consta.
De acuerdo con el diario Reforma, la ley establece que en esos dos primeros años citados por los «magistrados», la prestación a pagar será equivalente al 100% de su último salario (en este momento ganan alrededor de 4.2 millones de pesos anuales), pero a partir del tercer año, se pagará de forma vitalicia el 80%.
Si esto no termina de convencer al lector «escéptico» de que la convalidación «legal» del fraude electoral de 2012 está siendo recompensada, y que además la mafia PRI-AN-ista (son la misma cosa) garantiza esa paga a quienes corresponda legalizar el fraude de 2018, estaré entonces frente a un caso de testarudez y ceguera mental sin remedio.
Este nuevo (y costoso) insulto a la inteligencia del pueblo informado, debe ser el indicativo más claro de que cualquier pretensión de cambiar al país por la vía «institucional», no sólo es TORPE sino INÚTIL, como lo es cualquier intento de obtener resultados distintos, haciendo las mismas cosas.
Quien tenga la capacidad, que lea entre líneas.
