Ezequiel Flores Contreras
Proceso
CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- El alcalde de Chilapa de Álvarez, el priista Francisco García González, acusó a Proceso de pretender “perjudicar su imagen” y “desacreditar su administración” por la cobertura periodística que ha dado este semanario a la confrontación que mantienen dos grupos delincuenciales por la disputa de esta plaza que conecta la región Centro con la Montaña de la entidad.
Mediante un comunicado oficial que distribuyó ayer en medios locales y redes sociales, el edil, quien forma parte del grupo político que encabeza el defenestrado exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, se deslindó de cualquier nexo con la delincuencia organizada.
Dijo tener la conciencia tranquila y pidió que si alguien tiene alguna acusación en su contra, la canalice ante las instancias jurídicas correspondientes.
En el mismo comunicado, el edil priista se declaró incompetente para revertir los efectos de la narcoviolencia en su municipio y pidió ayuda a las autoridades federales y estatales para que asuman las funciones de seguridad. Además, pidió a la sociedad no salir de sus casas durante la noche, ante la falta de garantías.
De esta forma reaccionó García González frente a la ola de inseguridad y violencia que se ha recrudecido esta semana en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde la lucha que mantienen los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos por el control de esta plaza tiene colapsada y en estado de sitio esta franja de la entidad.
Reportes federales refieren que actualmente la plaza de Chilapa es controlada por un delincuente identificado como Zenén Nava Sánchez “El Chaparro”, jefe de una célula al servicio de Los Rojos.
Mientras que el grupo de Los Ardillos, afincado en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, es dirigido por la familia del diputado local perredista y actual presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, indican los informes.
Desde enero, Proceso ha documentado, en reportajes y notas publicadas en el semanario y la agencia Apro, una serie de hechos de violencia y detenciones realizadas por agentes federales y estatales en Chilapa, que exhiben los presuntos nexos de autoridades locales y políticos con la delincuencia.
El 7 de enero, Proceso reveló que agentes ministeriales detuvieron desde noviembre pasado al oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda, quien es acusado del secuestro de un empresario en Chilpancingo y vinculado a la banda de Los Rojos.
El funcionario municipal, considerado como operador político y mano derecha del alcalde priísta de Chilapa, actualmente permanece recluido en el penal de esta capital.
También Proceso dio a conocer que el 30 de diciembre pasado un comando irrumpió en la comunidad indígena de Ayahualulco, donde se registró un enfrentamiento armado y se llevaron por la fuerza al regidor del PT Cleto Mendoza, quien hasta el momento permanece desaparecido.
Tanto las autoridades municipales como los representantes de los partidos de izquierda han optado por guardar silencio ante la desaparición del edil petista.
El 15 de marzo, nuevamente Proceso informó que agentes federales habían detenido a Lizbeth Cantorán Guerrero “La Güera” durante un operativo realizado en la cabecera de Chilapa, donde decomisaron una decena de automóviles con reporte de robo que eran utilizados por la delincuencia arraigada en este lugar.
La joven de 25 años, sobrina del diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, es señalada por autoridades federales como operadora del jefe de la banda de Los Rojos en Chilapa y actualmente se encuentra en un penal federal donde enfrenta cargos por narcotráfico, secuestro y extorsión.
Los informes federales refieren que la confrontación entre bandas delincuenciales en Chilapa no sólo está enfocada en controlar las rutas de siembra y trasiego de drogas, sino también hacerse el control político de esta zona emblemática en la geografía del narco en la entidad.
En este contexto, han sido reiterados los señalamientos públicos en contra del alcalde priista de Chilapa de sus presuntos nexos con el grupo de Los Rojos que se afincaron en este municipio y tenían el control de varias zonas de la región Centro, entre ellas la capital de la entidad.
Incluso, el director del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció públicamente la criminal indolencia gubernamental que prevalece en Chilapa porque a pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen conocimiento de la existencia de una banda delincuencial que opera impunemente, no hacen nada para revertir la situación.
El reproche del activista en contra de las autoridades se realizó a mediados de marzo, luego de que sujetos armados lo interceptaron para asaltarlo sobre la carretera federal Chilapa – Tlapa, cuando se dirigía a esta capital a bordo de una camioneta particular.
Estos hechos y el recrudecimiento de la violencia en Chilapa, donde en las últimas 48 horas se desató una ola de enfrentamientos entre grupos antagónicos y policías que han dejado un saldo trágico de 14 muertos y nueve heridos, obligó al alcalde a reaccionar lanzando acusaciones en contra de Proceso:
“Niego categóricamente tener nexos con algún grupo de la delincuencia organizada y me deslindo de las acusaciones mediáticas que desde hace algunos meses han realizado a mi persona en la página de PROCESO, cuyo fin solo es perjudicar mi imagen y desacreditar el trabajo que he venido realizando en el municipio de Chilapa, si alguien tiene alguna acusación, lo invito a hacerla por la vía jurídica presentando las pruebas pertinentes; tengo la consciencia tranquila y continuare dando cumplimiento a las responsabilidades que la sociedad Chilapense me ha confiado” (sic).
En el mismo comunicado, el edil pidió a los medios de comunicación no caer en especulaciones y evitar difundir datos que promueven, el pánico y zozobra entre la ciudadanía y “hacer ver a Chilapa como escenario de guerra”.
También, atribuyó la dramática situación que se vive en su municipio a “una ola de violencia que se extiende desde la capital del estado” y pidió a la sociedad evitar salir de sus hogares por las noches, “mientras se restablece el clima de tranquilidad y paz social”.
García González informó que solicitó al gobernador Ángel Aguirre Rivero una reunión con el gabinete de seguridad pública estatal y federal para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia en su municipio.
Minutos después de que el comunicado oficial fue enviado a las redacciones de periódicos locales y difundido en la cuenta personal del alcalde y del ayuntamiento en Facebook, nuevamente se desató la violencia en Chilapa.
