Del pueblo, absolutamente NADIE se presentó. Ni una protesta, ni un grito, nada. Puros aplausos y «gente bonita» de la alta sociedad mexicana.
Érika Hernández
Reforma
Cd. de México (14 julio 2014).- A cinco días de su «aprobación» en el Congreso, Peña Nieto promulga la reforma secundaría en materia de telecomunicaciones.
Al acto asiste el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, Carlos Lozano, «mandatario» de Aguascalientes; los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como los coordinadores parlamentarios en esos órganos del PRI y el PAN.
Participan también el panista Javier Lozano, el priista Héctor de la Garza y miembros del Gabinete. Asiste también el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, uno de los pincipales negociadores de las leyes.
Del sector empresarial acuden Bernardo Gómez, de Televisa; Carlos Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim; y Francisco Gil Díaz, de Movistar.
La «reforma» establece las nuevas disposiciones para garantizar la competencia y la convergencia en los sectores de las telecomunicaciones, y radiodifusión.
Regula las facultades del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y establece el catálogo de sanciones que se aplicarán a quienes violen el marco legal, desde el punto de vista técnico o por contenidos audiovisuales.
El nuevo marco jurídico replica de manera textual la definición de preponderancia para declararla por sector o por servicio, según lo determine el Instituto.
En su régimen transitorio, establece cláusulas que, por un lado, permitirán a Televisa la adquisición de más empresas de televisión restringida, y por otro, la obligarán a compartir su infraestructura con los nuevos competidores del mercado.
También incluye un conjunto de medidas para eliminar el cobro de larga distancia a partir del 1 de enero del 2015, así como los costos por la portabilidad de telefonía celular.
[Asimismo, incluye facultades al «gobierno» en turno para intervenir y espiar las comunicaciones sin orden judicial, suspender la señal de Internet durante actos «que pongan en riesgo la seguridad», así como la censura a contenidos y criminalización del uso de redes sociales.]
