Patricia Muñoz Ríos
La Jornada
Las leyes secundarias de la reforma energética afectarán los derechos territoriales de 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos y comunidades que hay en el país, por lo que se integrará un equipo de expertos para apuntalar la defensa jurídica de la tierra ejidal.
Los dirigentes del Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra, el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, integrado por organizaciones campesinas, advirtieron lo anterior luego de señalar que realizarán una movilización nacional el próximo 23 de julio en protesta por las leyes secundarias y en demanda de que se incorporen sus propuestas a la reforma del campo.
Serán más de 15 mil ejidos y comunidades las que tendrán que enfrentar por la vía jurídica la defensa de los territorios y recursos naturales, señalaron los integrantes de estas organizaciones agrupadas en el Consejo Agrario Permanente (CAP), el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias (Unimoss) y El Barzón.
A su vez, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), indicó que según un análisis de las referidas leyes secundarias, éstas violan la Constitución, así como acuerdos pactados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto del derecho de los pueblos indígenas a la consulta informada sobre la explotación de los recursos naturales, por lo que se van a movilizar más de 60 las organizaciones en todo el país.
Críticas a la Sedeso
José Durán Vera, dirigente del CAP, puntualizó que serán más de 15 mil ejidos y comunidades los que tendrán que enfrentar por la vía jurídica la defensa de los territorios y recursos naturales.
También cuestionaron la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues consideraron que este programa insignia del gobierno federal ‘‘no puede continuar con apoyos alimenticios como galletitas o edulcorantes en comedores comunitarios y mucho menos en momentos en que la canasta básica alimentaria se ha encarecido 17 por ciento, más del doble de la inflación’’, según dijo Rocío Miranda, dirigente de Unidad de la Fuerza Indígena Campesina (UFIC).
Planteó que la lucha contra las leyes secundarias va a continuar en las calles y por la vía legal, ya que en el tema de la ‘‘servidumbre de hidrocarburos’’ de nada sirve que los legisladores hayan quitado nada más el término ‘‘expropiación’’.
