Fernando Inés Carmona
La Jornada
Orizaba, Ver.- El alcalde Juan Manuel Diez Francos fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones a las garantías individuales; recolectores de basura lo acusan además de negarles el derecho al trabajo, de presuntos actos de discriminación al prohibirles recoger basura en el primer cuadro, pues “afean la ciudad”, según dijeron.
Según José Luis Díaz, representante de recolectores de basura en la ciudad, y Maximino Antonio Jiménez, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), el alcalde ordenó que los casi 40 recolectores de basura que trabajan en el primer cuadro de Orizaba “sean incluso detenidos por la policía municipal y sancionados económicamente”.
Queremos que se nos respete nuestra manera de vivir, dijeron. “No pedimos otra cosa más que trabajar, no somos delincuentes para que se nos persiga con la policía municipal”.
Ya informaron al Congreso “e incluso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos han dicho que nuestra postura es correcta. Es lícita y no tenemos porqué ser reprimidos por la autoridad correspondiente. Las actuales autoridades municipales se han puestos en una situación muy difícil porque los lineamientos que marcan -en cuanto a la recolección de basura- son muy severos y con ello prohíben el derecho a nuestro trabajo”.
La única opción que el ayuntamiento nos da “es que nos vayamos a otros municipios o que busquemos otro trabajo. No hay más para nosotros, pero la mayoría de los que trabajamos en la recolección de basura somos personas de la tercera edad, no tenemos estudios, ya no hay oportunidades de empleo. Se nos cierran las puertas y por eso estamos luchando por esta opción de trabajo”.
A los 40 recolectores de basura se les prohíbo atender el primer cuadro de la ciudad, “si lo hacemos, los inspectores de basura piden el apoyo de la policía municipal para que nos lleven a los separos de la policía municipal, se nos aplique una multa administrativa y se nos deje en libertad. Hay una cacería en contra de los recolectores de basura. Los que somos identificados de inmediato nos detienen. Nos dicen no pueden trabajar y háganle como quieran”.
Maximino Antonio, expuso que el FPR respalda la demanda de los recolectores de basura, “hay una clara violación a los derechos humanos. No se nos puede discriminar por el sólo hecho de querer trabajar. Eso no lo ve el ayuntamiento y opta por condiciones legales en vez de conciliar”.
