Rubén Martín
El Economista
El alcance de la «reforma» energética y sus implicaciones son tan amplias y diversas, que en ocasiones se torna difícil registrar todos los efectos perniciosos que tendrá esta «legislación».
Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en diciembre de 2013, así como las 21 leyes secundarias (algunas nuevas y otras reformadas) aprobadas ya en el Senado y en curso en la Cámara de Diputados, son de tal alcance que su proposición, debate y aprobación debió merecer casi la convocatoria a un congreso constituyente [y por el contrario, todo se aprobó de forma «exprés»], pues implican cambios fundamentales en asuntos esenciales para el país como la propiedad de la tierra y del agua, las prioridades de su uso y el traspaso de una masa de riqueza común a manos privadas, sin que se preguntara a los mexicanos.
A modo de ilustración, enumero algunos puntos que sostienen que estamos ante un mega atraco a la población mexicana.
1. Sanciona, legaliza y propicia el despojo de tierras al considerar la extracción y explotación energética como actividad prioritaria por encima de cualquier otra actividad social y económica de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
2. Se garantiza el agua para la explotación de hidrocarburos y negocios de generación de energía eléctrica y la explotación de gas y petróleo mediante la técnica del fracking, poniendo el riesgo su uso para el consumo de los mexicanos.
3. La reforma energética abre paso a un nuevo ciclo de devastación ambiental con la legalización de la técnica de explotación conocida como fracking (fractura hidráulica), cuyo uso de agua y el coctel de más de 500 químicos que se introducen en los pozos de perforación auguran problemas ambientales mayúsculos.
4. Se exenta a las empresas extranjeras de la entrega de reparto de utilidades a los trabajadores mexicanos.
5. El Pemexproa: se pasan pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad CFE a deuda pública, lo que aumenta la deuda per cápita de los mexicanos.
6. Se obliga las direcciones de Pemex y la CFE a renegociar contratos colectivos de trabajos con sus empleados para que estos renuncien a derechos laborales adquiridos.
7. Con lo anterior, se favorece que las empresas extranjeras paguen salarios más bajos y con menos prestaciones a los trabajadores mexicanos.
8. Las nuevas disposiciones hacendarias para Pemex, reduce las participaciones por ingresos petroleros a las entidades federativas.
9. La reducción de la tasa impositiva a Pemex, abrirá un déficit fiscal estimado por senadores de la oposición en 800 mil millones de pesos anuales a la hacienda pública.
10. Con todas las disposiciones, se traslada una enorme masa de riqueza de propiedad jurídicamente colectiva (de la nación) para que sea explotada y usufructuada de modo privado por las empresas extranjeras que inviertan en el negocio energético.
La gran mayoría de la población no ganará nada con la reforma energética, ni siquiera la reducción de costos y tarifas como prometieron inicialmente. Por eso esta «reforma» puede ser considerada uno de los más grandes atracos en la historia del país.
