Noé Zavaleta
Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- A un año del secuestro y posterior asesinato de Gibrán Martiz Díaz, cantante de La Voz México, su padre, Efraín Martiz Aguirre, denuncia irregularidades en la investigación y acusa de “encubrimiento” al gobierno de Javier Duarte.
El padre de Gibrán también dice que pedirá asilo político a Panamá por las amenazas que ha recibido la familia después de la muerte de su hijo, y advierte que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con Apro, Martiz Aguirre relata que el pasado 18 de diciembre, los siete policías que participaron en el levantón de su hijo y del menor Sergio Luis Hernández (el 11 de enero de 2014) obtuvieron su libertad condicional mediante una “medida cautelar”.
El juez Florencio Hernández Espinosa, apunta, fijó una fianza de 5 mil pesos a cada uno de los uniformados para que pudieran seguir su proceso penal en libertad.
De esa manera, agrega, Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, lván Cortes Espíritu, Mauricio Ramírez Santiago y Abel Bravo Martínez, salieron de la prisión de Pacho Viejo después de que el juez “matizó” los cargos de incumplimiento de un deber legal, coacción y abuso de autoridad.
En un café de esta capital, sin poder esconder su rabia y una profunda tristeza, Efraín Martiz muestra fotografías del cadáver de su hijo en la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo), tomadas una hora antes de que le fuera entregado el cuerpo envuelto en una sábana.
En las imágenes se observa el cadáver completamente desnudo con quemaduras en la espalda, producto de choques eléctricos producidos con cables de alta tensión, “probablemente de 220 voltios”, expone Martiz Aguirre, médico de profesión. Su hijo, dice, terminó con la mandíbula fracturada por los golpes, y las piernas y glúteos con diversos hematomas y marcas, producto de varios “tablazos”.
“La tortura es por demás evidente, se ensañaron con él; además, a mi hijo le dieron el tiro de gracia. Estas fotos no las voy a dar por respeto a mi familia y la impresión grandísima que generaría en mi esposa y en su hermano, Erick, quien ya una vez se quiso suicidar. Él quedó muy afectado”.
Estas fotografías muestran el grado de saña que utilizaron con Gibrán, añade el padre del cantante, y de una carpeta negra va sacando una a una varias hojas en un intento de reconstruir el secuestro de su hijo.
Luego expone: “Mi familia no tenía dinero como para que pidieran rescate por un secuestro. Gibrán no tenía problemas, ni andaba metido en cosas ilícitas, no tenía ni dos días viviendo en Xalapa, estaba recién desempacado del DF cuando lo secuestraron”.
Dice que el agente del Ministerio Público (MP), Guillermo Bencomo, se negó a entregarle una copia de la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pero logró fotografiar varias de las páginas en las que se encuentra una relación de llamadas desde el celular de Gibrán (2291065252).
Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” desde el día de la sustracción de los jóvenes y hasta la aparición de sus cuerpos.
De acuerdo con Efraín Martiz, un localizador GPS da las coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 de enero, fecha en que la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de los cuerpos de Gibrán y su amigo.
Uno es el lugar donde fueron secuestrados; otro, cerca del Congreso local, en la calle Ferrocarril Interoceánico, en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y la Academia de Policía de El Lencero.
“Telcel entregó a petición del MP la sábana de llamadas y localización de datos de internet (un I-Phone 4) de mi hijo. Yo me apoyé con gente externa que conoce de cartografía, de coordenadas y de aparatos sofisticados para obtener dónde habían tenido a mi hijo, y los resultados me dejaron helado”, expone.
Al entregar la copia de los mapas con las coordenadas, que coinciden con las hojas de Telcel, añade: “Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”.
Efraín Martiz recrimina que cuando solicitó al MP entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a cuentas a los policías de la SSP y al propio Bermúdez, aquel sólo dio evasivas.
“Dichas pruebas yo las tengo desde junio. En esa fecha Bencomo me dijo que ‘necesitaban’ un ‘dictamen’ elaborado por un ‘perito de ellos’ para avalar las localizaciones cartográficas que yo hice con expertos. Han pasado cinco meses más de esa solicitud y no han podido concluir una prueba que yo hice en dos y tres días”, fustiga.
Irritado por el “estancamiento” de la investigación ministerial, Efraín Martiz decidió acudir a las altas esferas del gobierno. Se reunió con el mandatario estatal, Javier Duarte; con el secretario de Gobierno, Erick Lagos, y con el nuevo procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo. A todos ellos les habló de las pruebas que poseía. Todos guardaron silencio, dice.
“Claro que saben qué sucede, tienen equipos sofisticados para averiguarlo, pero entre ellos se cubren, y no saben que en la calle, en otros ámbitos, los mismos servidores públicos de abajo lo van filtrando, lo van comentando y uno se entera. El tercer joven secuestrado el mismo día que desapareció mi hijo, Connys Carlín de Alvarado, tuvo problemas y rencillas con un familiar del general Bermúdez y ahí inició todo. El error de mi hijo fue llevarse con él (Carlin)”.
En una revisión de la agenda pública del gobierno de Duarte, Efraín Martiz encontró que el 14 de enero del año pasado –dos días después de que le entregaron el cuerpo de su hijo– el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la Academia de Policía de El Lencero para entregar “reconocimientos”. “Lo hizo en el mismo lugar donde estoy seguro que tuvieron secuestrado y donde torturaron y seguramente mataron a mi hijo”, subraya molesto.
Frente a la inoperancia de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en Veracruz, Martiz recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación para que la familia del cantante de La Voz México tuviera protección policíaca.
“Yo tengo un escolta asignado, mi esposa dos, mi hijo también tenía, pero ante su intento de suicidio y algunos mensajes que recibió en su celular, tratando de indagar que sabía él de lo que yo estaba investigando, decidí sacarlo del estado. Y aunque yo sigo persistente en exigir justicia, mi familia tiene miedo”, admite.
Asegura que entregó a la CNDH todas las pruebas para comprobar las irregularidades en las investigaciones sobre la muerte de su hijo, pero el presidente del organismo en ese entonces, Raúl Plascencia Villanueva, nunca quiso pronunciarse al respecto.
El siguiente paso, advierte, es recurrir a la CIDH y a organizaciones civiles con nexos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exponer el caso de Gibrán Martiz y solicitar asilo político en Panamá, pero sobre todo para “responsabilizar” al gobernador Duarte y al titular de la SSP de cualquier eventualidad que pueda ocurrirle a él, su esposa o su hijo.
Otros casos de tortura policial
Además del caso de Gibrán Martiz, en Veracruz hay denuncias de familiares de policías municipales, agentes estatales y parientes de exservidores públicos del gobierno de Duarte que aseguran que las policías Estatal y Ministerial “levantan”, “torturan” y “desaparecen gente” (Proceso 1943).
Jacqueline Espejo, oficial del agrupamiento carretero de la SSP, fue “levantada” en octubre de 2013 por efectivos de la Policía Estatal Acreditable, quienes a bordo de la patrulla 1397 la golpearon y amenazaron de muerte.
En rueda de prensa, Espejo aseguró que durante cuatro días la tuvieron “secuestrada” en la Academia de Policía El Lencero. “Me dijeron que confesara la posesión de unos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja”.
En ese mismo levantón policiaco desapareció el taxista Andrés Aguilar, de quien hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Un caso similar ocurrió el 11 de enero de 2013, cuando ocho policías municipales de Úrsulo Galván fueron reportados como desaparecidos y hasta la fecha nadie sabe donde se encuentran. Sus hermanas y padres enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que aseguran que fueron policías estatales quienes lo “levantaron”.
Otro caso es el de Deyanira Hernández, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). En julio de 2013, acusada de un fraude por 1 millón 800 mil pesos, según el acta circunstanciada DAM-0100/2013, la exservidora pública fue presuntamente torturada por policías ministeriales mediante “toques eléctricos” en los pezones, abdomen y vagina para que se declarara culpable.
El pasado 24 de noviembre, en su comparecencia ante diputados locales, Arturo Bermúdez precisó que 3 mil 500 elementos policiacos de Veracruz fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control que ordena el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Los exámenes de la SNSP son “tan rigurosos”, dijo, que policías con tatuajes, diabetes, pasados de peso o alguna otra enfermedad han tenido que ser “depurados”, porque se necesita un “perfil adecuado” para mantenerse en la dependencia.
