Mathieu Tourliere
Proceso
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentes durante la manifestación del pasado 20 de noviembre atestiguaron que los granaderos, al desalojar el Zócalo, avanzaron de manera violenta hacia los manifestantes, golpearon a varios de ellos –incluso a los mismos integrantes del organismo– y no tenían claro el motivo por el cual los 11 detenidos serían llevados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Lo anterior quedó plasmado en las actas circunstanciadas que redactaron dichos visitadores, reunidas en el documento CNDH/1/2014/7739/Q, cuya copia está en poder de proceso.com.
El documento demuestra una vez más que policías federales mintieron para imputar a los 11 detenidos los delitos de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín, todos de orden federal, lo que justificó su traslado de la plancha del Zócalo a la SEIDO.
Pasadas las 11 de la noche del 20 de noviembre con el Zócalo ya ocupado en su mayoría por granaderos, la visitadora Brenda Rangel González preguntó a un coordinador de la Policía a dónde llevarían a los detenidos que permanecían en la banqueta de Palacio Nacional, “algunos de ellos tendidos sobre el concreto y uno de ellos mostraba abundante sangrado sobre su rostro y ropa” y cabeza hacia abajo. Le contestó que los trasladarían a la Agencia 50 del Ministerio Público o a la SEIDO.
En su acta, Rangel reportó: “Cuestionándolo el motivo por el cual serán trasladados (los detenidos) a la SEIDO, cuáles son los delitos del orden federal que se les atribuyen, sin obtener respuesta, pero a lo lejos una voz grita ‘¡por ataques al Palacio Nacional!’; haciendo de su conocimiento que no han atendido a todos los detenidos, indicando: ‘ya vienen más’ y se retira”.
Carlos Zardain Escudero y Juan López Villanueva, directores general y de área del Programa de Atención a Víctimas de la CNDH, respectivamente, también preguntaron a un oficial por qué llevaría a los jóvenes a la SEIDO.
Les contestó que desconocía todo, que “incluso no estaba seguro de que serían trasladados a esa instancia”.
En la SEIDO, los policías federales aseveraron que detuvieron de manera simultánea a las 11 personas para evitar que éstas asesinaran a un colega tirado en el piso. Afirmaron reconocer, “sin temor a equivocarse”, a los 11.
Lo anterior no cuadra con las observaciones de los 13 integrantes de la CNDH, cuyas actas demuestran que estas personas fueron detenidas en lugares y horas distintas, y no solamente por granaderos federales sino también del Distrito Federal. El documento no hace referencia en ningún momento a la agresión de un grupo de manifestantes contra un policía.
Por ejemplo, a las 9:20 de la noche, Rangel escribió: “en la calle Corregidora tres elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, llevan a una persona (…) se trataba de un civil quien es tomado por ambos antebrazos y del cuello, apreciando que la persona no podía respirar”.
Se trataba de Juan Daniel López Ávila, uno de los 11 detenidos consignados en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, en Veracruz. Al ver a Juan Daniel con la nariz y la boca ensangrentada, Rangel preguntó a los granaderos del DF cómo el joven terminó lastimado. “Se cayó”, le contestó uno.
Los policías también aseveraron que los jóvenes resultaron heridos al rebotar contra las protecciones del granadero tirado.
El visitador Tomás Domínguez Fuentes entrevistó a los detenidos en la SEIDO. Todos aseguraron que los granaderos que los habían detenido, de manera arbitraria -según denunciaron- los habían golpeado.
En la SEIDO muchos de ellos presentaron lesiones, de acuerdo con el peritaje médico que realizó la CNDH a los detenidos, con número de folio 123701 y cuya copia obtuvo proceso.com.
Aunque los policías mintieron al rendir su declaración, manchada de inverosimilitudes (Proceso 1987), la Procuraduría General de la República (PGR) la consideró como una prueba válida para enviar a los detenidos a penales de alta seguridad el pasado sábado 22 para ser procesados.
Una semana después, el Juzgado 17 de Distrito, con sede en Xalapa, dictaminó auto de libertad a favor de los detenidos por ausencia de pruebas suficientes. Salieron la tarde del sábado 29.
Violencia policiaca
El visitador Jetsaí Martínez Olguín recogió el testimonio de una mujer, Tamara Areli Espinoza García, quien no estaba entre los detenidos. En su acta, Martínez escribió:
“El grupo de granaderos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes en un momento dado, repeliendo la agresión de cierto grupo de manifestantes, avanzaron hacia donde ella y su pareja se encontraban, momento en el cual un granadero la golpeó en la cabeza con su macana, cayendo al piso de manera inmediata, al ver esto, su pareja José Alberto Casimiro Sánchez, al tratar de defenderla, empujó a los granaderos, sin embargo, éstos en represalia lo rodearon, lo golpearon y se lo llevaron detenido con rumbo desconocido”.
La visitadora Ana Margarita Vázquez reportó el testimonio de Cristina Rosalía Pérez García, quien interpuso una queja ante la CNDH:
“Marchaba en compañía de su familia con su sobrino de 3 años cuando llegaron cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de Policía Federal quienes comenzaron a agredir con los toletes y los escudos, actuaron brutalmente hacia las personas que se encontraban ahí, se les hacía saber que había personas con menores de edad, sin embargo arremetían con todo sin medir ningún riesgo”.
Continuó:
“Todos se cubrían en una cortina de un establecimiento, la cortina se dobló, la gente iba saliendo, pero los elementos policiales se abrieron y seguían golpeando a la gente que pasaba, se burlaban parecían ‘bestias’, los policías parecían violencia ‘hecha hombre’, hablaban para agredir, insultaban en cada momento a las personas que se encontraban ahí, y agredían con patadas”.
En su acta, el visitador Néstor Aarón Arroyo Luna atestiguó que los granaderos replegaron no sólo “al grupo que los agredía” sino también “a la gente que en este momento permanecía en el Zócalo, arrojando gas lacrimógeno directo en sus ojos.
“Al ver esto la gente empezó a contar del 1 al 43 y a decir no a la agresión”, destacó.
Minutos después, “encontramos a un grupo aproximado de 100 personas quienes nos pidieron los apoyáramos a salir ya que temían ser agredidos por los granaderos”, narró Arroyo, y añadió que junto con sus colegas los escoltó fuera de la Plaza de la Constitución.
Jorge Arturo Álvarez López explicó que dos visitadores adjuntos estaban grabando las detenciones cuando “el personal de la Policía Federal los intentó agredir”. Dos de sus homólogos se interpusieron entre los granaderos y los visitadores para “calmar los ánimos”.
Asimismo, los directores del Programa de Atención a Víctimas del Delito, Zardain y López, dijeron:
“Nos percatamos que uno de los visitadores (el médico Porfirio Julián González) corría a tratar de auxiliar a un joven que estaba siendo detenido y que en el trayecto era golpeado en el vientre. Dicho visitador fue derribado por uno de los granaderos, por lo cual acudimos a su auxilio, logrando un cerco de protección”.
Observaciones de los visitadores
En sus las actas, los visitadores transcriben sus observaciones respecto a la manifestación en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aunque algunos fueron más precisos en sus descripciones, todos realizaron un relato cronológico de lo que sucedió.
Todos coinciden en que hasta las 9 de la noche aproximadamente, la marcha pacífica se desarrolló sin ningún incidente.
A esa hora, el visitador Carlos Alain Rosales Banuet relató que un hombre saltó las rejas que cercan el Palacio Nacional, detrás de las cuales se encontraban los granaderos y los integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Fue detenido por los policías, lo que molestó a los manifestantes y comenzó diferentes agresiones tanto de ellos como de estos servidores públicos, quienes arrojaron granadas de gas lacrimógeno, mismas que afectaron a la gente que participó en la marcha y a los visitadores de este Órgano Constitucional Autónomo que se encontraban en el Zócalo”.
A raíz de la detención, “los manifestantes comenzaron a gritar insultos y lanzar objetos, se prende fuego al exterior de Palacio Nacional, lo cual es extinguido por elementos que resguardaban el lugar; los manifestantes gritan al personal de este organismo: ‘Vendidos, cómplices, ¿Dónde está el detenido?, Iba golpeado, Queremos al detenido”, atestiguó Brenda Rangel González.
A las 21:45, relata Fernando Vélez Luna, “pude observar que los manifestantes comenzaron a ser desalojados por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; por ello, muchas personas que aún se encontraban marchando comenzaron a correr pasando por el lugar donde me encontraba, seguidos por los policías indicados, quienes al advertir el grupo de paramédicos y civiles, al parecer, pretendían detener a las personas que se encontraban auxiliando a los lesionados”.
López y Zardain abundaron:
“La fila de granaderos avanzó una distancia de unos 10 metros y en un segundo avance, ya no se detuvo hasta recuperar por completo la plancha, forzando a los manifestantes al desalojo. En el caso de quienes hacen constar fuimos empujados por los policías del Cuerpo de Granaderos, por unos 50 metros, en medio de gas lacrimógeno, hasta que logramos pasar la fila de escudos”.
A las 22:20 horas la manifestación se disolvió y las personas se retiraron del lugar, narró el visitador Carlos Alain Rosales Banuet.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, dijo el pasado lunes 24 que durante el desalojo del Zócalo sus policías habían restablecido el orden con “gran valor, gallardía, responsabilidad”, lo anterior, añadió, “le guste a quien le guste”.
