Patricia Mayorga
Proceso
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- “Yo nada más venía a manifestarme por violación a mis derechos humanos y ahora resulta que soy casi La Tuta, quieren que salga corriendo como el presidente de Iguala (José Luis Abarca), pero no lo voy a hacer”, advierte el agente Leonardo Joaquín Calzada Contreras, suspendido de su cargo por insubordinación.
Calzada permanece con su familia en la Plaza Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, desde donde –dice– analiza solicitar asilo político en Estados Unidos por las amenazas que ha recibido de parte del director de la Policía Estatal Única (PEU), Pablo Ernesto Rocha Acosta.
Ayer, la Fiscalía General del Estado informó que asignaron seguridad especial al agente para evitar una tragedia, ya que se sigue una investigación en su contra por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Al respecto, con la voz y el ánimo quebrantados, Calzada señala que la seguridad que le pusieron “está muy retirada”, y explica que durante la noche no consigue dormir por miedo a que lo ataquen y no tiene con qué defenderse.
Leonardo Calzada fue detenido el pasado lunes 27 frente al Palacio de Gobierno, cuando protestaba por la supuesta violación a sus derechos humanos. Un día después fue liberado y suspendido del cargo sin goce de sueldo.
En entrevista, el agente policiaco dice que su derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución mexicana, no puede estar por abajo del reglamento de la PEU, que le impide hacerlo.
Su esposa, Rosa Isela Castillo padece la enfermedad de Von Willebrand (parecida a la hemofilia) que le impide moverse con facilidad debido a que sus músculos se atrofiaron. No obstante, el pasado sábado 25 acudió a una audiencia pública con el gobernador César Duarte para pedirle que analizara la situación de su esposo, removido por Pablo Rocha cuando éste llegó a la PEU.
El matrimonio tiene tres hijos y una nieta. Todos, menos uno de los hijos que vive en Estados Unidos, permanecen en plantón en la Plaza Hidalgo para exigir justicia.
Según el agente policiaco, su situación laboral lo llevó al límite y por eso decidió ventilar las arbitrariedades al interior de la Fiscalía.
Hummer sospechosa
Leonardo Calzada reveló que cuando era comandante de la zona occidente, en un retén del municipio de Temósachi, en la Sierra Tarahumara, elementos de la PEU despojaron de una camioneta Hummer a una mujer. La unidad fue llevada a la Fiscalía ubicada en Cuauhtémoc y posteriormente no la volvió a ver.
“Empecé a investigar dónde estaba la camioneta y nadie sabía. Cuando supieron que andaba investigando, me cambiaron al municipio de Morelos, a una zona en la que estaba incomunicado, sin celular”.
Posteriormente lo enviaron a un curso para acreditarlo como policía ministerial acreditable. “Nos capacitaron a 421 agentes como acreditables, ellos mismos me acreditaron, pasé los filtros de confiabilidad”, asevera.
En ese curso, apunta, vio la camioneta Hummer estacionada afuera de las oficinas de Rocha Acosta, y los mismos policías estatales le dijeron que tenía ahí mucho tiempo.
Por esa y otras situaciones, el agente pide que el Comité de Honor y Justicia investigue a Rocha Acosta, a quien además acusó de abuso de autoridad y vejaciones en su contra.
“Ahora está toda la fuerza del Estado contra mí por corrupción, por nexos con la delincuencia organizada. Pero no podían tener una investigación antes de que yo me manifestara. Sólo espero que los agentes del Ministerio Público no se presten a poner fechas anteriores, porque debe haber una carpeta de investigación para esa acusación”, concluye.
