¿Y el resto del pueblo? Embruteciéndose con los comerciales sobre el tema que les ensarta la televisión.
Matilde Pérez U.
La Jornada
Agricultores de Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua acordaron formar comités en defensa del agua y los recursos naturales tras la aprobación de la explotación del gas shale con la técnica del fracking, como establecen las leyes secundarias de la reforma energética. “Vamos a defender nuestras tierras ante cualquier intento de empresas trasnacionales de explotar ese gas”.
En la llamada Declaración de Torreón, campesinos de El Barzón y de otras organizaciones locales advirtieron que el fracking pone en riesgo los sobrexplotados mantos acuíferos de la región del semidesierto, pues se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para un pozo, con ese volumen podrían regarse entre mil 500 y 4 mil 800 hectáreas. “Se está avalando el ecocidio del semidesierto”.
El dilema es si el agua se usa para garantizar el consumo humano y la producción de alimentos o se destina a la extracción de energéticos para beneficiar a las trasnacionales”, asentaron.
Tras conocer que Pemex identificó 200 zonas de recursos de gas shale en dichos estados y que la técnica del fracking contamina ríos y suelos por el uso de abrasivos y más de 90 químicos tóxicos, los agricultores acordaron crear comités de defensa rural y urbana del agua para consumo humano y la producción de alimentos.
Apuntaron que exigirán la cancelación de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas localizados en acuíferos sobrexplotados; exigirán que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cancele los apoyos de los programas federales a los usuarios que no tengan permisos de uso del líquido y pedirán a la Comisión Nacional del Agua que establezca una medición obligatoria de todos los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, y sancione a los usuarios que no cumplan con los equipos para efectuar dicho procedimiento.
También acordaron impulsar una iniciativa ciudadana de ley de aguas nacionales ante el Legislativo, con el propósito de impedir que se apruebe la propuesta del gobierno federal –a la que nombraron ley Korenfeld, apellido del director de Conagua– “pues implica la privatización y comercialización del recurso y deja de ser un bien público”.
