- En Ometepec hay más de 400 viviendas que requieren atención, dice el alcalde
- La constructora Oro pretende utilizar material dañado en las nuevas viviendas, denunciaron
EFRAÍN LÓPEZ MORALES
La Jornada (Imagen de archivo)
Ometepec, 28 de agosto. Afectados por el sismo de 2012 que tuvo su epicentro en Ometepec, denunciaron irregularidades en el programa de reconstrucción y reparación de las viviendas dañadas, el cual fue retomado –por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto– por una nueva constructora, luego de haber sido abandonado por las empresas contratadas por el anterior gobierno federal.
Indígenas amuzgos abordaron este jueves al regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Prócoro Severiano Jiménez Romero, en su visita a la comunidad Cumbre de Barranca Honda, municipio de Ometepec, para pedir su intervención a efecto de que sus viviendas sean construidas de manera adecuada.
Raúl Miranda Florentino señaló que la constructora Oro, contratada para terminar las viviendas, pretende utilizar la misma estructura de panel que dejó la anterior empresa, pese a que los muros ya están dañados y oxidada la malla de alambre que lo recubre, por lo que la construcción, dijo, quedaría de mala calidad.
Margarita Santiago Felícita, cuya casa en el barrio del Panteón sufrió daño parcial, dijo que nadie la ha visitado para dar cumplimiento a lo indicado en el certificado que obra en su poder, firmado por el gobernador del estado y el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) federal, Heriberto Félix Guerra.
Consultado el edil, dijo que son más de 400 las viviendas que aún no se define cual o cuales empresas las retomarán en el municipio de Ometepec, pues la Oro sólo está atacando 350 de los casos en las comunidades de Cochoapa, Huajintepec, Huixtepec, Santa María, Acatepec y parte de la zona urbana de Ometepec.
Falta atender en este aspecto, agregó, las comunidades de La Concepción, Guadalupe, Plan Juste y Zacualpan, donde también existen viviendas en proceso de reconstrucción y reparación que fueron abandonadas por empresas contratadas por el anterior «gobierno» federal.
