Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Un nuevo conflicto que puede escalar a graves violaciones de derechos humanos en contra de la población se avecina en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, debido a que la empresa Igasamex Bajío S de RL de CV intenta ampliar el gasoducto que tiene un tramo lineal de 5 kilómetros, que actualmente afecta a la comunidad entera y de manera directa a 600 habitantes, entre propiedad privada y ejidos.
Así lo declararon pobladores de la comunidad, representados por Sergio Juárez Martínez, Juan Solís y Hugo César Calixto, quienes declararon que durante los últimos tres lustros no han podido sembrar alimentos de autoconsumo en sus tierras, pues quedaron imposibilitados por ser zona de riesgo.
Denunciaron que el viernes 12 de septiembre de la semana pasada, el propio presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales, y el director de Protección Civil, Pablo Solares, citaron a algunos afectados a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo para cuestionarlos el por qué no aceptaron una negociación con la empresa, y como consecuencia de esto les informaron que el tubo de gas va a tomar una nueva ruta.
“Como afectados por la ampliación del gasoducto, hemos privilegiado el diálogo con la empresa y las autoridades, pero la respuesta que hemos obtenido es de menosprecio y de intriga, ante lo cual hacemos responsable a Carlos Arriola Jiménez, director General de Integrated Gas Services de México (Igasamex), al Estado Mexicano en sus diferentes niveles de gobierno por la integridad física, psicológica y patrimonial de las familias afectadas desde hace 15 años con este fraude”, culparon.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la gaceta con fecha 25 de julio, publicó que el proyecto de Igasamex fue rechazado; no obstante, el pasado 12 de agosto emiten una nueva publicación en la que informan que hay una nueva entrada del proyecto pero se desconoce la resolución.
En rueda de prensa, los agraviados por el abuso de esta empresa manifestaron que hace 15 años Igasamex los engaño y arrebató a 40 familias la autorización para un contrato vitalicio sobre el derecho de vía para la instalación del gasoducto, con la finalidad de tender una red de tubería de gas de 4 pulgadas de diámetro por 5 kilómetros de longitud.
Explicaron que la mayor parte de los pagos oscilaron alrededor de 10 mil pesos por familia, equivale a un peso con 90 centavos de renta por día, pero informaron que hubo otros casos que no les dieron nada a cambio por el uso de suelo.
“Tenemos conocimiento de que por ese gasoducto pasan diariamente más de 3 millones de litros de gas diarios, lo cual representa una cantidad exorbitante de dinero que va a parar a manos de unos cuantos empresarios, mientras los terrenos por donde pasa la tubería quedaron imposibilitados de siembra”, declararon.
Informaron que ahora la empresa Igasamex pretende ampliar su negocio de gasoducto pasando por la misma línea aumentando su capacidad de transportación de gas con un tubo adicional de 6 pulgadas por 5 kilómetros de longitud para alimentar a corredores industriales y generar energía eléctrica.
Precisaron que para ello se requiere hacer un nuevo contrato (clausula estipulada hace 15 años) con los dueños de los terrenos que fueron defraudados; sin embargo, señalaron que la firma de manera alevosa, ventajosa y abusiva sólo quiere pagar la irrisoria cantidad de 2 mil pesos por metro lineal, por otros 15 años más.
Paralelamente, expusieron que en comunidades aledañas se ha generado un ambiente hostil y de inconformidad por el caso, pues argumentaron que no están dispuestos a poner en riesgo a sus familias por este tipo de obras, como ya sucedió en Xoxtla y San Martín Texmelucan, donde han ocurrido incendios y la muerte de 30 personas.
También denunciaron que los propietarios de las tierras están abiertos al diálogo, pero los representantes de la empresa, de manera informal, han cancelado reuniones sin argumento alguno. “Esto es un indicador de que ya no quieren ampliar su tendido de red por nuestros terrenos, y tememos que pueda ser por otro lado sin avisar a la comunidad”.
En ese sentido, señalaron que han tenido reuniones con servidores públicos del gobierno de Huejotzingo para exponer estos abusos por parte de la empresa, pero lamentaron que la respuesta de estos funcionarios ha sido de no tener conocimiento alguno ni estar llevando trámite referente al gasoducto.
“A quedado claro que las empresas encargadas de la explotación, transportación y suministro de energéticos se están beneficiando de la nueva reforma neoliberal energética y no dudamos de que utilizando recursos leguleyos pretendan despojarnos de nuestros terrenos para llevar a cabo estos proyectos”, advirtieron
Asimismo expresaron que temen que se utilice a corporaciones oficiales tales como la Policía Estatal o el Ejército Mexicano para introducir tubería como sucede en el caso del Gasoducto del Proyecto Integral Morelos, en comunidades de Atlixco, Santa Isabel Cholula y San Buenaventura Nealtican.
Peor aún –destacaron– que Igasamex utilice grupos como guardias blancas o paramilitares para que en el mejor de los casos aceptemos la pretendida imposición del precio de la empresa.
Por último, alertaron al pueblo de México, a la sociedad poblana, a los habitantes del municipio de Huejotzingo y sus comunidades estar alertas ante los abusos de la transnacional.
Hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional a efecto de que haya una indemnización justa por estos catorce años del uso de los terrenos.
En caso de que Igasamex no respete los acuerdos de la asamblea de afectados, amagaron con la movilización social del pueblo para que la empresa se lleve su tubería, previa indemnización por afectación a las tierras de cultivo.
Al último, demandaron a la Semarnat que niegue la autorización del proyecto por ser una empresa cuyas ganancias están sostenidas con engaño, abuso y fraude.
