Por Ignacio Alvarado Álvarez
(Newsweek)
Juan Gamboa se encuentra en una de las orillas del salón ejidal que está frente a su casa, en Jalpa, una comunidad de apenas 250 habitantes situada en el extremo poniente del municipio de General Cepeda, Coahuila. Lleva el mismo viejo sombrero de siempre calado sobre su larga cabellera, una mezcla de hilos grises y negros como el enorme mostacho que porta desde joven. Esa mañana de octubre encabeza una reunión con otros campesinos de poblados aledaños con los que lleva tres años de lucha para frenar las operaciones de un confinamiento de residuos peligrosos abierto en el centro de la región, a unos 70 kilómetros de la capital, Saltillo. Más que hablar, observa: intentan entre todos hallar una mejor manera de comunicar algo tan complejo como las corrientes de aguas subterráneas bajo amenaza de contaminación y la cronología legal que hasta ese momento les ha dado la razón en cada una de las batallas libradas en los tribunales. Aunque ninguna autoridad acate las resoluciones.
“Debemos pensar en algo y luego invitar a los compas para que el mensaje le llegue a todos”, dice de pronto Gamboa. Todos convienen que sí. El problema es que nadie tiene idea clara de cómo hacerlo. Días más tarde tomarán parte de una marcha por la cabecera municipal, que terminó en un mitin donde informaron a la concurrencia del nuevo revés sufrido por la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S. A. de C. V., la empresa dueña del confinamiento que ha ido de amparo en amparo respaldada siempre por instancias como la Semarnat, Conagua, Profepa, así como el Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal y las cámaras empresariales. La preocupación de Gamboa y los suyos está más que justificada: a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les ha dado la razón una y otra vez, el grueso de la comunidad cae en desánimo ante el poder exhibido por la empresa, que lleva cinco meses de operaciones clandestinas.
Apenas en febrero, el mismo tribunal dictó sentencia final. En ella concluye que los alegatos de los dueños del confinamiento y de las autoridades ambientales son infundados y rechaza la exigencia de sobreseer la causa emprendida por los campesinos. En términos llanos, el centro es ilegal. “El piso no está parejo en este asunto, como podemos ver”, dice Roberto de la Maza, un antiguo miembro del área jurídica de la Semarnat que ahora representa a los ejidatarios. “Cuando se trata de acatar algún tipo de interés de la parte promotora, las autoridades responden bien rápido. Pero cuando se trata de acatar una sentencia de un tribunal administrativo, las autoridades voltean hacia el cielo esperando una iluminación. La evaluación de impacto ambiental en este país no está bien regulada, y peor aún, no está bien aplicada”.
SEMNSA es presidida por Daniel Colvert, un empresario que al momento de tramitar el proyecto del tiradero dirigía en Saltillo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la que hoy es vicepresidente nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. Calvert es cercano al exgobernador del estado Rogelio Montemayor Seguy, quien también dirigió Pemex en la última fase del gobierno de Ernesto Zedillo. Tras la reforma energética, Montemayor creó el primer clúster minero-petrolero del país. Rubén Moreira, en su calidad de gobernador, fue nombrado presidente honorario de la sociedad, y junto con él figuran 17 alcaldes y la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. La idea de Montemayor es que el clúster establezca alianzas estratégicas para obtener parte de los 40,000 millones de dólares que dejará en derrama la explotación de la Cuenca de Burgos, el cuarto yacimiento mundial de gas esquisto descubierto en la década de 1990, cuando gobernó el estado.
La sentencia de los magistrados en contra del confinamiento no hizo eco en Coahuila. Y tampoco amedrentó a los dueños de SEMNSA, que anunciaron al mismo tiempo la construcción de otro centro de acopio en la región norte de la entidad, en el que prevén una inversión inicial de 250 millones de pesos. En busca todavía de una estrategia que les permita difundir la ilegalidad señalada por el tribunal administrativo, Gamboa y cinco de los ejidatarios presentes en aquella reunión de octubre convocaron a una rueda de prensa el martes 7 de marzo, en la Ciudad de México. La respuesta fue pobre, con apenas tres medios presentes, uno de ellos de radio universitaria. “En un país en donde hasta las resoluciones más básicas no se aplican, no queda sino luchar con todo lo que se tiene”, les dijo el abogado antes de iniciar el encuentro con los reporteros. Los campesinos le entregaron dos bolsas de plástico y una de ixtle. Entre monedas y billetes de baja denominación sumaban 6,194 pesos. Fue la cantidad reunida en una colecta previa con la que se le pagó el IVA pendiente de sus honorarios.
Un polvillo diminuto se levanta en el horizonte. Eduardo Alonso conduce su vieja motocicleta por el camino de terracería que lo llevará hasta su casa, a la orilla de la carretera 40, dentro del ejido Noria de la Sabina. Puede vérsele a más de cinco kilómetros de distancia. Así de árida es la planicie donde vive. Este es el lugar en el que SEMNSA adquirió cinco millones de metros cuadrados en los que comenzó la construcción del confinamiento en 2014. Es un punto estratégico por el que se tienden vías del ferrocarril y carreteras que conectan con cinco puntos fronterizos y litorales del golfo y el Pacífico, plenamente comunicado para darle salida a los lodos del frackingque se generen en la Cuenca de Burgos. La densidad poblacional es baja también, con apenas 2,000 habitantes esparcidos en una docena de ejidos circundantes al tiradero. El problema es que algunos viven a menos distancia de lo que dicta la ley respecto a un depósito de tales características, y existen espejos de agua a 15 metros de profundidad y aguas dinámicas a 40, una diferencia notable contra los 500 metros que argumenta la empresa con el aval de la Conagua. “Hemos sido engañados desde el principio”, dice Alonso una vez que llega a casa con el sudor y la tierra en la cara.
El ejidatario fue uno de los primeros a quien buscó Javier Calderón, el apoderado legal de SEMNSA. En 2011, dice Eduardo Alonso, se presentó ante él y otros habitantes de Noria de la Sabina como inversionista. Les habló de la apertura inminente de una planta maquiladora y una granja de pollos. Terminó ganándose la confianza de todos hasta conseguir que le concedieran derecho de vía desde la carretera hasta los terrenos del futuro confinamiento. Una vez con el derecho en mano descubrió sus cartas. La vehemencia con la que se sumó a las protestas posteriores hizo que Alonso fuera identificado como uno de los líderes del movimiento. Como tal enfrentó un proceso legal, campañas de difamación y amenazas de muerte. Estas últimas las profirió Rodolfo Zamora, el alcalde de General Cepeda. Zamora es primo hermano de Víctor Zamora Rodríguez, secretario de gobierno de Coahuila y en su momento protegido del exgobernador Rogelio Montemayor Serguy, según la prensa local. El antecesor de Zamora al frente de la política interna del estado, Armando Luna Canales, es hijo de Eglantina Canales Gutiérrez, que en su condición de secretaria local de Medio Ambiente es otra de las garantes del tiradero.
Alonso es uno de los cinco ejidatarios que llegó a la capital mexicana con el propósito de hallarle difusión a lo que ve cotidianamente por las noches desde la sala de su casa: el paso de camiones cargados con desechos que se vierten en el confinamiento de SEMNSA. “Ya tienen cinco o seis meses operando”, dice ante la sala casi vacía de Serapaz, el organismo civil que brinda asesoría a ciudadanos castigados por la violencia e invasión de territorio que les prestó sus instalaciones para el encuentro con los medios capitalinos. “Ya la peste, cuando el viento está hacia el lado de la comunidad, nos alcanza. Ya son olores malos, muy fuertes”. La fetidez, sin embargo, es lo que menos preocupa a los expertos.
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En 1998, JESÚS González Schmal frenó un proyecto similar, que siguió la misma metodología del actual: la de ubicar enclaves poco poblados, aislados y empobrecidos para luego maniobrar sin informar a la comunidad. González, originario de Torreón, posee un rancho en General Cepeda y es uno de los asesores legales de los ejidatarios, aun cuando vive en la Ciudad de México, donde funge como autoridad del Centro Histórico. Igual que hoy, detrás del proyecto se encontraba Rogelio Montemayor Serguy, que como gobernador del estado apoyaba la idea del confinamiento. La diferencia ahora radica en los intereses multimillonarios desatados tras la reforma energética y, por lo tanto, debe operarse con mayor rigor científico, ha dicho. Por él llegó al bloque de oposición José Joel Carrillo, un investigador del Instituto de Geografía de la UNAM especializado en aguas profundas. Lo que ha visto en torno a las argumentaciones de la Semarnat y la Conagua, el hidrogeólogo lo resume en una sola palabra: usura.
“Este tipo de infraestructura implica muchos miles de millones de dólares”, dice el especialista. “No veo entonces por qué no se ha realizado un estudio científico que cuesta unos miles de pesos nada más. Y la razón por la que no se hace es porque hallarían que el sitio no es favorable para operar un confinamiento de residuos peligrosos. Esto lo manifiesto abiertamente”.
Carrillo ha dotado de conocimiento científico al miedo que mueve a los ejidatarios que se oponen al confinamiento. La lógica para todos ellos impera desde el principio. En las pequeñas comunidades del municipio se ha vivido por décadas del cultivo de la lechuguilla y la candelilla. De la primera, una agavácea natural del desierto de Chihuahua, extraen una fibra con la que se producen estropajos y cuerdas. La segunda es una planta en la que Coahuila aporta el 80 por ciento de la producción nacional, y de ella se logra una cera utilizada por la industria cosmetológica. Eso los dota de economía, pero también cultivan parte de lo que consumen y practican la caza de pequeños mamíferos. “Ahora han robado nuestra tranquilidad”, dice con ello en mente Imelda Belmares, quien vive en el ejido Pilar de Richardson, a 15 kilómetros del tiradero. “Quizá yo no esté en contra de un confinamiento de residuos tóxicos, pero nuestro lugar no es una zona industrial para que vengan a llenarnos de basura; que se la lleven a donde la producen. […] Ahora vivo preocupada día a día. ¿Qué pasará mañana cuando nuestra tierra, nuestra agua esté contaminada, cuando estemos comiendo veneno, respirando veneno? Ya hemos ganado ante los tribunales, pero a ellos no les ha importado. Se burlan de nosotros como se burlan de la ley porque para esa gente nuestra vida es desechable”.
El tema del agua, dice el abogado Roberto de la Maza, es de sentido común. “Es muy difícil controlarla. Por eso los confinamientos de residuos peligrosos son altamente delicados, porque si no logras garantizar de manera absoluta el punto de confinamiento, es muy fácil que algo logre permear hacia abajo y contaminar y provocar problemas serios. Por ello es una responsabilidad en la aplicación de nuestra normatividad, tanto ambiental como de salud. No es necedad, no son ganas de fastidiar a una empresa, a una actividad. Es ser absolutamente responsables con una operación sumamente delicada”.
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PEDRO PANTOJA, el sacerdote que dirige el centro de atención a migrantes más grande del país, desarrolló un afecto especial por los ejidatarios de General Cepeda. A ellos acude en busca de frijol y maíz, parte de la dieta para los centroamericanos en su travesía hacia Estados Unidos. Pantoja es también hijo de campesinos y sabe de la dureza del campo en el semidesierto del norte. El martes tomó un vuelo desde Saltillo para unírseles en su propósito de difundir el vacío legal que envuelve las operaciones del confinamiento. “Esta voz no puede ser apagada”, dice con gravedad. “Es un desastre global [causado] por los intereses empresariales que prácticamente han tratado a estos campesinos como si fueran idiotas. ¡Pero qué sabiduría social tan grande hay detrás de este grito campesino! Que entienda el campesinado mexicano, que entienda la lucha agraria, que entiendan las instituciones sociales, que esto se une a una historia de depravación, a una historia de desesperación y de burla hacia los más empobrecidos. ¿Qué le queda a toda esta gente? Un desmadre de hambre, de injusticia. Por eso desde la Iglesia estamos hasta enfrentar los riesgos de vida. Nos duele cómo los encarcelaron, cómo los han difamado, cómo los han calumniado. No los vamos a dejar”.
En verano pasado, Pedro Jasso de León no dudó en apuntarse para conseguir 50,000 pesos entre los ejidatarios de Pilar de Richardson. Era el dinero que se requería para cubrir los honorarios del abogado que los representa en la lucha contra SEMNSA. Estaba sentado en una silla de plástico afuera de su casa de dos habitaciones, sobre lo alto de un pequeño montículo en donde pegaba una ráfaga de viento que mitigaba algo del intenso calor de mediodía. Estuvo presente también en la reunión convocada en octubre por Juan Gamboa en la comunidad vecina de Jalpa. Antes de llegar a la capital mexicana fue uno de los recolectores de morralla. La bolsa con la que llegó para completar el IVA adeudado de aquellos 50,000 pesos contenía 1,742 pesos. “Yo me siento muy orgulloso de ser campesino, de arar la tierra y de tener una tranquilidad hasta antes de que llegara este asentamiento”, dice. “Allá nosotros hemos gritado, nos hemos manifestado y nuestras voces han sido enterradas. No nos han querido sacar a la luz. No sé cuál sea el detalle, pero creo que es porque no tenemos los medios y nunca los vamos a tener”.
Jasso y Gamboa, junto con otro ejidatario llamado Gregorio Cerda Rangel, aparecen como los actores del caso sancionado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sigue sin ejecutarse. “Con esto nos están destrozando”, dice. Los hechos le dan la razón.
