Diana Manzo
La Jornada
Juchitán, Oax. En el marco del informe Anual 2014 del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos que se publicó recientemente en Filipinas y en el Foro Anual de las Naciones Unidas, Yasser Caballero, de la organización ProDesc, afirmó que defensores de la tierra y del territorio del Istmo de Tehuantepec han recibido amenazas e incluso un integrante fue asesinado en en 2013.
En entrevista , Caballero, integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDesc), indicó que existe un incremento de agresiones y amenazas en contra de los defensores de derechos humanos en México, incluyendo en la región del Istmo de Tehuantepec, según constata el informe.
Caballero precisó que faltan mecanismos “reales y claros” para la protección de los defensores de las garantías individuales, y subrayó que las diferencias de género son una de las agravantes contra las defensoras de la tierra.
“Aun cuando están en su territorio y protegen sus tierras, las instituciones públicas no garantizan su derecho a ejercer su trabajo, principalmente en el caso de las mujeres defensoras, donde se les deja solas, no hay respaldo de autoridades”, denunció.
Detalló que en el informe -“No tenemos miedo. Defensores del derecho a la tierra, atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”- se precisa la “presión” que se ejerce en torno a la tierra, derivado de intereses económicos y de la expansión de las grandes transnacionales en territorios ricos en recursos naturales como sucede en la región del Istmo.
La investigación detalla que los defensores de la tierra y el territorio del Istmo de Tehuantepec, integrados en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), han sido amedrentados e incluso ya le quitaron la vida al activista Héctor Regalado Jiménez, asesinado en una de las manifestaciones en julio de 2013.
Asimismo, documenta la denuncia de los integrantes de la APPJ, quienes fueron amenazados de muerte y atacados el 25 de agosto de 2013 por un grupo de hombres armados, de quienes se sospecha trabajan para la empresa Gas Natural Fenosa, cuando visitaban la zona donde se construía el parque eólico Bií Hioxho, para observar los daños causados a la tierra.
