México, 11 de diciembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Por enésima vez, ¿se dan cuenta de quiénes mandan realmente en este país y el mundo?
El diario La Jornada informó este viernes que los «diputados» aprobaron la «ley federal para sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos», con facilidades para que los concesionarios gasolineros roben a la ciudadanía, de cara a la invasión de trasnacionales que instalarán en México estaciones para la venta de combustible. Una razón más para boicotearlas, si es que el solo hecho de qu la invasión misma de esas empresas ecocidas no fuera suficiente.
Según el citado diario, los «diputados» determinaron sanciones que van desde multas hasta prisión para aquellos concesionarios que mientan en la cantidad real de combustible que despachan a sus clientes, sin embargo «flexibilizaron el castigo» al autorizar un amplio margen de «venta de litros incompletos»… así le llaman ahora a ROBAR.
Las disposiciones aprobadas por esos sujetos que se dicen «diputados», ante la presión de los propios empresarios interesados, a decir de La Jornada, permiten a éstos vender litros incompletos hasta en 1.5 por ciento por litro de gasolina y diesel, y 3 por ciento por litro de gas, margen que originalmente era de 0.5 y 1 por ciento, respectivamente.
Detalla La Jornada que la licencia que los diputados firmaron a establece que se les castigará con prisión de tres a seis años cuando suministren gasolina o diesel «con conocimiento de que se está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean».
Dicha sanción aplicará también a quien «enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior, desde 3 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición».
Como bien explica La Jornada, el dictamen avalado por los «diputados» autoriza a los intermediarios –gasolineros y gaseros– ordeñar los litros que venden, o sea ROBAR A SUS CLIENTES.
Por cuanto al robo en ductos, vehículos, instalaciones o activos de extracción y explotación de hidrocarburos, entre otros, se determinó en el artículo octavo sanciones de 15 a 25 años de prisión, y de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Para taparle el ojo al macho y distraer del saqueo que se autorizó por órdenes de las trasnacionales, los «diputados» también eliminaron los artículos 20 y 21 del ordenamiento, que criminalizaban la protesta social en instalaciones de la industria petrolera.
Dichos artículos establecían penas de tres a seis años de cárcel «a quien, sin derecho, obstruya o impida de forma total o parcial el acceso o el funcionamiento de cualquiera de los ductos, equipos, instalaciones o inmuebles» de la industria en cuestión, así como penas de hasta siete años de prisión en caso de incurrir en violencia.
Con información de La Jornada
