México, 14 de diciembre 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Justo cuando se percibe un ambiente social de suma irritación, el tirano y usurpador régimen del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, intenta normalizar la militarización del país, que ha dejado cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y crímenes de Estado al por mayor, y adjudicarse poderes especiales para poder reprimir un posible levantamiento social.
De acuerdo al portal Proceso, la «Cámara de Diputados» aprobó en comisiones la reglamentación al artículo 29 de la Constitución, que implica otorgar amplios poderes al Ejecutivo federal para que solicite la suspensión de garantías ante una gama de riesgos a la paz pública. Es decir, normaliza la militarización del país, le otorga poderes dictatoriales al usurpador Enrique Peña Nieto y quita las garantías a la ciudadanía.
En los derechos que nos quieren arrebatar con total arbitrariedad estaría a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o derecho de autor.
De acuerdo con el dictamen avalado, se reglamenta “el proceso de suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías a que hace referencia el 29 constitucional.
La legisladora de Morena, Araceli Damián, dijo que se podría considerar la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o derecho de autor. Por esta razón tanto Morena como PRD votaron en contra del dictamen.
“Tras haber realizado un análisis meticuloso del contenido de la minuta sujeta a dictamen, estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia concluyen en pronunciarse respecto de la viabilidad, en sus términos, de la minuta en cuestión. Ello, tras constatarse que contiene el contenido básico a ser observado en los Estados de excepción y que, apegándose al texto constitucional y a los instrumentos internacionales en la materia, fija mínimos necesarios para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, como son:
“La posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo federal para emitir actos formalmente legislativos, sujeto a la aprobación del Congreso de la Unión.
“El trámite del procedimiento de análisis previo a la declaración o suspensión de derechos o garantías, calificado como asunto de urgente y obvia resolución, y que obliga a que el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente resuelva en un plazo máximo de 48 horas, debiendo ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad”, se indica en el dictamen.
Con información de Proceso
