México, 30 de noviembre 2017 (NOTIGODÍNEZ).- A espaldas de la ciudadanía que los mantiene, los criminales que se hacen llamar «diputados» aprobaron esta tarde la mal llamada «Ley de Seguridad Interior», un mamotreto fascista impulsado desde el régimen usurpador del genocida Felipe Calderón para normalizar la militarización del país, imponer un Estado de sitio de facto, legalizar represiones y masacres por parte de las «fuerzas de seguridad», entre otros abusos a los derechos humanos y la paz social.
Fue la aplanadora PRI, PVEM la que dio la mayoría necesaria para que ese engrendro de muerte y represión se impusiera en la «Cámara de Diputados», desde luego, con la siempre oportuna ayudadita de sus cómplices del PAN.
De la banda criminal priista, los 183 integrantes votaron a favor acompañados de los 35 «diputados» del PVEM. A esa aplanadora se sumaron los 9 vividores de Nueva Alianza (Panal) y el mismo número de integrantes de «Encuentro Social» (PES), ambos satélites priistas.
Quince delincuentes de la banda panista hicieron lo propio con sus cómplices del PRI, mientras que 48 se abstuvieron de votar en lugar de sumar su voz para frenar al engendro. Otros 30 ni siquiera se presentaron a la cámara. Del PRD, dos «diputados» también votaron a favor de la brutal iniciativa.
Entre las alarmantes disposiciones que contempla la «Ley de Seguridad Interior» se encuentran la facultad del usurpador en turno para «intervenir en zonas de conflicto», usando al Ejército y la Marina prácticamente a discreción exclusiva suya. En este caso, quien ocupe la Presidencia podrá recurrir a un protocolo simulador para iniciar la intervención en un plazo de 72 horas o, si existiese una «amenaza de grave peligro», estará facultado para ordenar la militarización inmediata de los territorios en cuestión.
En tal sentido, el régimen usurpador también podrá suspender derechos y garantías individuales a discreción, si la propia «autoridad» determina que se ha presentado alguna situación de «perturbación a la paz pública o grave riesgo para la sociedad civil».
Asimismo, se faculta a las Fuerzas Armadas y Federales para realizar todo tipo de «labores de inteligencia» en materia de seguridad interior, incluyendo la aplicación de métodos ilícitos para la recolección de información si ésta se justifica y lleva a cabo «con pleno respeto a los derechos humanos».
Al respecto, la oficina de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó que dicha ley «petrifica la situación de violencia que se vive en México».
“Si se aprueba algo que va a petrificar el estatus quo, podemos esperar que los años que vienen van a ser como la realidad actual, y nuestra valoración de la realidad actual es muy preocupante, nos urge pensar en alternativas de una salida gradual de las Fuerzas Armadas, pero también de fortalecer policías, que ya se ha dicho muchas veces, pero no ocurrió, pues no se fortalecieron suficientemente”, declaró Jan Jarab, representante de la ONU-DH, citado por la agencia Proceso.
“Se necesita es una verdadera evaluación de cómo funcionó por diez años la estrategia (de militarización de seguridad pública), y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, expliquen por qué están convencidos de que funcionó”, añadió en clara referencia al «proceso legislativo» para aprobar dicha ley.
¿Qué hay de fondo tras este engendro que se apresta a legalizar la represión y el terrorismo de Estado usurpado? El descontento social que se avecina en 2018 tras el fraude electoral para imponer a José Antonio Meade Kuribeña, candidato priista designado por la criminal oligarquía nacional y extranjera.
Entiéndanlo: SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. ¿Qué quiere decir esto? Que los mexicanos debemos unirnos, organizarnos y reaccionar ya, de forma no violenta pero firme y contundente, para frenar desde ahora la imposición que ya se está perpetrando y que, de consumarse, traerá mucho peores consecuencias que las padecidas por permitir la imposición del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto.
Con información de Proceso
