Noé Zavaleta
Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- A casi tres semanas de haber sido secuestrado por un comando en su domicilio de Medellín de Bravo, el reportero de La Unión y activista vecinal Moisés Sánchez Cerezo no ha sido localizado.
Pese a que el fiscal general del estado Luis Ángel Bravo admitió que ya se han examinado cuatro cadáveres hallados en la región donde Sánchez Cerezo fue levantado el viernes 2, las pruebas periciales, de genética y la propia auscultación física y el reconocimiento de los familiares del reportero han resultado negativas.
“Les hemos hecho exámenes de ADN, físicos y genéticos, e incluso el propio hijo de Moisés Sánchez (José Sánchez Ordóñez) ha visto los cuerpos y no ha reconocido que alguno corresponda al de su padre”.
Bravo Contreras aseguró que elementos de la Secretaría de Marina, Fuerza Civil –cuerpo de élite de la Policía Estatal Acreditable– y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya extendieron el cerco de localización del activista a los municipios de Soledad de Doblado, Jamapa, Cotaxtla, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y más municipios.
El fiscal Luis Ángel Bravo dijo que, hasta el momento, “la única línea fuente de investigación” son los conflictos del alcalde panista Omar Cruz Reyes con Moisés Sánchez: “Dicho por los familiares del periodista, no por el gobierno del estado; es en esa línea de investigación en la que hay pruebas y videos”.
En una mesa de trabajo con periodistas de Xalapa, quienes han protestado en seis ocasiones para exigir al gobierno de Javier Duarte la localización de Moisés Sánchez y el deslinde de responsabilidades, Bravo Contreras se hizo acompañar del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, para garantizar que día con día hay un “bitácora de trabajo” en donde policías ministeriales y de SSP dan a conocer el avance de la indagatoria, documento que se mantiene en secrecía “para no entorpecer las investigaciones” por parte de la autoridad estatal.
En la búsqueda del comunicador, hasta el momento sin resultados, Bravo Contreras admitió que el caso no ha sido del todo atraído por la PGR, que hasta el momento “sólo coadyuva”.
Además explicó que en tanto no se demuestren indicios de delincuencia organizada, no se podrá dar una total atracción por parte de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR.
En el encuentro, Gerardo Buganza y el propio Luis Ángel Bravo fueron increpados por los reporteros de Xalapa por los homicidios de Regina Martínez (corresponsal de Proceso), Gregorio Goyo Jiménez (Liberal del Sur y Notisur), Víctor Manuel Baez Chino y Miguel Ángel López Velasco, entre otros.
Estos casos, fustigaron los comunicadores, fueron resueltos “a medias” por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El fotoperiodista Rubén Espinosa señaló que entre el gremio se percibe una estela de impunidad y de “total desconfianza” hacia las instituciones, quienes a casi tres años del homicidio de Regina Martínez no han podido dar con el paradero del primer indiciado, José Adrián Hernández, El Jarocho.
Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz, exigió a la FGE detallar “caso por caso” e impulsar la atracción de la PGR en homicidios y desapariciones de reporteros, pues recordó que en lo que va de este sexenio diez comunicadores han sido asesinados y cuatro se encuentran desaparecidos.
También recriminó que en varios casos de agresiones a medios de comunicación o reporteros, incluyendo el de Moisés Sánchez, el gobierno de Duarte trata de “minimizar” la labor profesional de la víctima: “Sí sería muy puntual que ustedes nos reconozcan, y ¿sí ven a Moisés como reportero o no?”, soltó la reportera.
Al concluir la mesa de trabajo, los inconformes también exigieron al secretario de Gobierno, el expanista Gerardo Buganza, frenar el hostigamiento de los “espías” y “orejas” de la dependencia que encabeza, así como de la Subsecretaría de Gobierno, que día con día se dedican a fotografiar, videograbar y tomar datos de los reporteros durante manifestaciones, actos políticos o gubernamentales.
Asimismo, solicitaron a Buganza su intervención para que la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) deje de financiar “oficinas alternas de prensa”, en donde constantemente se emiten correos anónimos dirigidos a políticos, empresarios y medios para desprestigiar o distorsionar la labor de reporteros independientes y no afines al gobierno priista.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=393507
