Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Los consejeros del recientemente creado Instituto Electoral de Sonora despidieron al director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, Óscar Alejandro Sallard, luego de documentarse que en abril anterior fue encontrado responsable de traficar mariguana y cocaína a Estados Unidos.
El consejero electoral Vladimir Gómez Anduro confirmó que después de una charla con Sallard se decidió despedirlo.
El 14 de abril, Óscar Alejandro Sallard fue sentenciado a un año de cárcel en Arizona al tratar de introducir 190 kilogramos de mariguana (381 libras) y un envoltorio de cocaína por la garita Dennis DeConcini de Nogales, ubicada a unos 274 kilómetros de Hermosillo.
Sallard permaneció 80 días en la cárcel de Arizona hasta que se le otorgó libertad bajo fianza. En esos días se desempeñaba como asesor jurídico del Congreso local.
El viernes anterior, cerca de las 2:00 horas, Sallard rindió protesta como funcionario electoral y, sólo 10 horas después, ya había sido destituido por sus vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la sentencia emitida por la juez Anna Montoya-Páez, de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz, el exfuncionario electoral fue declarado culpable de contrabando por ocultar bajo la alfombra y cajuela de una camioneta los 190 kilogramos de mariguana, así como transportar un envoltorio de cocaína oculto en el calcetín, alcaloide que utilizaría “para darse valor”.
“Para no complicar más la situación, se decidió que Sayard presentara su renuncia”, sentenció el consejero Gómez Anduro.
En sólo 30 días, este es el segundo servidor público sonorense hallado culpable de drogas por una Corte estadunidense.
El 15 de octubre, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, exasesor financiero del organismo operador de agua en Hermosillo durante la gestión del entonces alcalde Ernesto Gándara, actual senador por Sonora, el Departamento de Estado lo declaró responsable de introducir cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.
Celaya Valenzuela, de 41 años y quien se presentó como abogado y asesor financiero de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue detenido en 2012 por agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar como miembros de una organización criminal en España.
