CIDH confirma crimen de «Estado» en caso Ayotzinapa; familiares exigen al usurpador dar la cara

México, 7 de septiembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Se confirma lo que cualquier ser vivo inteligente sobre la tierra sabía sobre el caso Ayotzinapa: «fue el Estado», o sea los delincuentes que usurpan al Estado al servicio de las grandes oligarquías, y para ello no tienen empacho alguno en asesinar al pueblo que estorba a sus intereses, en este caso a los normalistas rurales que entienden la importancia de defender la tierra.

Pero aquí viene la parte demencial del asunto: los familiares vuelven a buscarle la cara a esos delincuentes para «exigir justicia». Que los delincuentes se investiguen a sí mismos, y de encontrarse culpables, que se encierren a sí mismos por el crimen de «Estado» que cometieron. Así de absurdo y estridente es el proceder de miles de activistas y luchadores sociales en éste y otros casos.

En conferencia de prensa realizada la tarde de ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año, fijaron su postura sobre los resultados del informe final que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en fechas recientes, demostrando las mentiras del régimen usurpador sobre su propio crimen.

“Hoy el teatro se les cayó. El informe de los expertos mostró que el gobierno mintió una vez más y que la supuesta ‘verdad histórica’ es más bien una mentira histórica”, señalaron las madres y los padres de los normalistas ejecutados, heridos y desaparecidos tras el ataque que sufrieron el 26 de septiembre de 2014, a manos de policías municipales y federales, en presencia además de elementos del Ejército Mexicano.

“El informe demostró que nosotros teníamos la razón, que nuestros hijos no pudieron ser quemados en Cocula. Siempre supimos que se trataba de una mentira del gobierno federal y hoy quedó evidenciada”. En efecto, esos delincuentes a los que los padres se empeñan en reconocer como «gobierno», mintieron descaradamente al pueblo y al mundo. Y si alguien esperaba algo diferente de esa caterva de asesinos, ese alguien es un IMBÉCIL y los merece como «gobierno».

“La pregunta ahora es: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Para dónde se los llevaron? Ya no vamos a pedir, exigiremos que nos los entreguen porque [después del informe del GIEI] tenemos más fuerza y más certeza de que están vivos”, dijo citado por La Jornada Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández.

Al fijar su postura, los familiares de los normalistas establecieron varias demandas, entre ellas que el régimen usurpador refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la CIDH hasta que se alcance verdad y justicia en el caso, «sanción a los responsables» y que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.

Y para rematar el teatro del absurdo, exigieron que el asesino que se ha estado burlando de ellos, tomándoles el pelo y exhibiendo cínicamente su impunidad ante el mundo, «les cumpla y les dé la cara». ¿No les bastó un año de burlas? Parece que no, porque en lugar de convocar al pueblo a derrocarlo, «exigieron» a Peña Nieto que los reciba en Los Pinos para que les siga tomando el pelo.

“Hoy quedó demostrado que teníamos razón, que hemos sido víctimas del gobierno (…) Por eso ya no creemos en ellos, sólo tenemos confianza en nuestro grupo de expertos, son personas serias y que trabajan con honestidad”, indicó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Nartolo Tlatempa.

“El gobierno ha destrozado nuestro corazón llevándose a nuestros hijos y hoy el GIEI nos demostró que toda la investigación ha sido una vil mentira”, dijo el padre de José Ángel Navarrete González, visiblemente molesto.

Exigieron se reanude la búsqueda inmediata de sus hijos, la sanción y consignación de los «funcionarios» –entre ellos Jesús Murillo Karam– que incurrieron en el falseo de las indagatorias, que se restructuren las investigaciones con nuevas líneas y que las indagatorias oficiales tomen como base el informe del GIEI.

Les adelantamos el resultado de sus «exigencias»: NADA. El régimen usurpador no buscará a sus víctimas, mucho menos las entregará. Tampoco sancionará a sus esbirros, el contrario, seguirá premiándolos con cargos públicos para que el pueblo los siga manteniendo. Esos serán los resultados si los padres de los normalistas se empeñan en seguir buscando «justicia» a través de los criminales que cometen los delitos, en lugar de impulsar una lucha frontal contra ellos para derrocarlos y encarcelarlos.

Con información de La Jornada y foto de Alfredo Sánchez Rodarte

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