- Cuando fue procurador se deshizo del archivo en donde era indiciado, señala
- Policarpio Pineda dice que acudirá a la justicia federal para interponer de nuevo su querella
CLAUDIO VARGAS
La Jornada
El propietario de un local comercial del mercado de artesanías y ropa Policarpio Pineda Baltazar interpondrá un amparo ante la justicia federal, debido, dijo, a que lleva cuatro años esperando una respuesta por parte de la Contraloría General de Guerrero, por una queja formulada contra el entonces procurador general de Justicia en Guerrero, Albero López Rosas.
Pineda Baltazar acudirá ante un juez federal para denunciar a López Rosas quien, usando su poder como funcionario, mandó al archivo muerto una denuncia que se había interpuesto en su contra por daños en propiedad privada.
Según el expediente OD/IA/003/2012-III, la denuncia del afectado se presentó el 7 de diciembre ante la Contraloría General del Estado, dirigida a Julio César Hernández Martínez, titular de esa dependencia, quien nunca respondió sobre el porqué el titular de la Procuraduría de Justicia realizó una función de juez y parte.
Pineda Baltazar expuso que es ignorante pero no tonto, pues sabe que la acción del entonces procurador López Rosas es una acto no permitido por la ley, al mandar al archivo muerto el expediente de la denuncia que fue interpuesta en su contra cuando fungía como presidente municipal de Acapulco.
Explicó el comerciante que de las seis denuncias, se integraron las averiguaciones por diferentes delitos, y en todas, los gobiernos estatal y municipal se ayudaron para dejar impune el delito mandándolas a archivar; en unas no se ejercitó la acción penal, en otras se hizo la consulta de no ejercicio de la acción, y otras sí, pero se dictó autos de libertad y en otras, sentencias absolutorias.
Dijo que en la última solicitó fincar responsabilidades administrativas y penal en contra de López Rosas, la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando él fue procurador, resolvió a su favor, haciendo una función de juez y parte, lo que no está permitido por la ley, motivo por el cual interpuso la queja ante la Contraloría del Estado, pero a cuatro años no han dado respuesta alguna y que por eso acudirá ante una instancia federal en busca de justicia.
