Gloria Leticia Díaz
Proceso
MEXICO, D.F. (apro).- Académicas y activistas alertaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto pone en “situación de vulnerabilidad y riesgo” en que se desenvuelven los defensores de derechos humanos en el país, así como la persistente impunidad y la utilización del sistema judicial para perseguir e intimidar a las organizaciones sociales.
Las cinco especialistas originarias de América y Europa, integrantes de la Misión de Observación Civil (MOC), hicieron un llamado especial por el trabajo que desarrollan organizaciones de Guerrero, destacó en rueda de prensa José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Además, resaltó, las especialistas deploraron las recientes declaraciones del gobernador interino Rogelio Ortega, que sólo buscan desprestigiar el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, organización que representa a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Las integrantes del MOC también se entrevistaron con representantes de padres de familia de los jóvenes desaparecidos, caso que “es una muestra de la situación crítica de la violencia contra quienes reclaman sus derechos”.
Guevara Bermúdez informó que los trabajos de la MOC se desarrollaron del 9 al 14 de noviembre, con visitas de trabajo a Guerrero, Oaxaca, Baja California y Distrito Federal, entidades en las que se entrevistaron con defensores, autoridades estatales y federales.
Las especialistas que analizaron la situación de los defensores en México son Angelita Baeyens, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos; Tarcila Rivera, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú; Elvira Domínguez Redondo, profesora de derecho de la Universidad de Middlesex, Reino Unido; Rosario Figari Layús, investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Conflicto y Violencia en la Universidad de Bielefeld, Alemania, y Eleanor Openshaw, coordinadora de Incidencia Regional del International Service for Human Rights (ISHR).
Baeyens aseguró que la “violencia contra las defensoras y defensores en todo el país es generalizada”; manera constante, subrayó, recibieron “quejas de cómo no pasa nada con las denuncias que se interponen por amenazas y ataques”, de manera que la regla es la impunidad.
Elvira Domínguez acotó que a dos año de la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que coordina la Secretaría de Gobernación, es evidente que el gobierno de Peña Nieto no está preparado para atender el problema de la violencia contra los activistas.
“Lo que nos han dicho es que fueron sorprendidos por cuántas denuncias les estaban llegando, lo cual indica un mal diagnóstico de lo grave que era la situación.
“Parece que hay una falta de comprensión sobre las medidas de protección, y una de las más importantes es abrir investigaciones y sancionar a las personas que están poniendo en riesgo a los activistas; además de que la estructura no prevé la protección de quienes defienden derechos colectivos”, comentó la especialista.
Después de señalar que en el Mecanismo ha conocido más de 200 casos, de los que unos 105 están integrados en el sistema, Rosario Figari Layas advirtió que el instrumento tiene “deficiencias en procesamiento de datos, mucha gente queda excluida, muchos son sacados del Mecanismo sin previo aviso, y no hay colaboración estatal”.
Sobre la situación de defensores de derechos humanos en Guerrero, la especialista apuntó que “es sumamente preocupante”, no sólo en los recientes momentos de crisis, sino de años atrás, pues los activistas son “estigmatizados” y puestos en mayor riesgo.
Baeyens se refirió a expresiones del gobernador guerrerense Rogelio Ortega, quien descalificó el trabajo del centro Tlachinollan, situación “que lo único que hace es contribuir al ambiente de amenazas en contra de los defensores, cuando lo que ha hecho Tlachinollan es justamente acompañar a las víctimas y velar por el respeto a los derechos humanos, un rol que por cierto el Estado debería estar ejerciendo y no lo está haciendo”.
Sobre el encuentro con familiares de los estudiantes desaparecidos, Eleonor Openshaw explicó que fue una oportunidad para dar “un mensaje de solidaridad e indignación por la situación que ellos atraviesan y añadir al llamamiento a que se devuelvan los chicos con vida y se esclarezcan los hechos”.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, apuntó, “es un tema que ha llamado la atención, y el llamado es para que el Estado actúe, ya que este caso pone en evidencia una ausencia de protección, lo que demuestra la situación de los defensores y defensoras en ese estado, donde los padres hablan de su dolor por la situación y reiteran su exigencia de que les devuelvan a sus hijos con vida y se les haga justicia”.
