Con sus «políticas» da EU licencia para matar niños migrantes, acusa CJDI

Mathieu Tourliere
Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- Si bien el gobierno estadunidense presume la reducción de la cifra de los niños migrantes que ingresan sin documentos a su territorio como un éxito de su política migratoria, esta disminución sólo ilustra que el gobierno de Barack Obama impide a los menores llegar hacia su frontera, asevera la directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), Viviana Krsticevic.

En entrevista con Apro, la defensora de derechos humanos explica que la situación en el triángulo norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador– no ha mejorado aun cuando el gobierno estadunidense endureció su política migratoria y obligó a los países de origen a sellar sus fronteras, hasta con medios militares, para impedir la salida de los menores.

Asegura que desde hace tres años, estos países sufren una ola de violencia que ha provocado la muerte de 40 mil personas; 95% de esos asesinatos nunca se resolvieron. “Es una licencia para matar que provoca una grave desprotección de los niños”, acusa.

“Las políticas se enfocan a obstaculizar el flujo de migrantes, pero éstas son criticables si los niños se encuentran en peligro mortal en sus países de origen”, analiza Krsticevic.

Continúa: “El gobierno de Estados Unidos no debería financiar medidas que pueden poner en peligro la vida de los niños”.

Según su análisis, las detenciones sistemáticas de los niños migrantes indocumentados a manos de la Patrulla Fronteriza representan una “respuesta inadecuada” de la administración de Obama. Aun con este panorama, esa administración ya inició la ampliación de tres espacios de detención para menores no acompañados.

Sobre los niños migrantes mexicanos, la directora del CJDI considera que su situación es “particularmente alarmante”, ya que sufren de un proceso de repatriación casi inmediata y sin asistencia legal; contrario a los menores indocumentados de otros países.

“No tiene mucha lógica”

El pasado lunes 27 de octubre se llevó a cabo en Washington una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la relatora sobre derechos de la niñez, Rosa María Ortiz, acusó que “los millones de dólares (gastados) para facilitar la repatriación de los niños antes que lleguen a Estados Unidos es algo que no tiene mucha lógica… Se vuelve aún más difícil el viaje que, de todas maneras, van a hacer”.

Durante la sesión, la CIDH “tomó nota” de la ausencia del representante del estado de Texas, mientras que los relatores deploraron que, durante la visita que realizaron a las entidades sureños de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza les prohibió hablar con los recluidos en los centros de detención.

Los relatores tampoco pudieron acudir a una audiencia judicial en la que se hubiera decidido la suerte de un niño migrante, debido a que el juez “misteriosamente se enfermó” ese día, reveló la relatora Ortiz.

“Pero sí escuchamos que (durante las audiencias) los niños no pueden hacer oír su voz. Tampoco pueden entender los conceptos que se manejan”, abundó.

El relator de la CIDH para los derechos de los migrantes, Felipe González, se asombró ante el hecho de que los centros de detención de indocumentados están administrados por empresas privadas, sin monitoreo de agencias independientes.

Ortiz precisó que en estos centros no existe un mecanismo que permita a los detenidos denunciar los abusos. “Quienes abren el buzón de quejas son empleados de la empresa”, apuntó y lamentó: “Sabemos el negocio que es detener personas”.

Luego de asistir a la audiencia de la CIDH, Viviana Krsticevic, directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), considera que el evento –en el que por primera vez el gobierno de Estados Unidos se encontró ante una comisión internacional sobre temas migratorios– permitió “abrir un espacio de diálogo en Estados Unidos, no sólo con el enfoque de política pública sino también sobre las obligaciones internacionales de protección”.

No obstante, según su opinión, la defensa de los representantes del gobierno estadunidense no logró responder a las inquietudes de la sociedad civil.

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