Francisco Torres
La Jornada (Imagen de archivo de autodefensas)
Cherán, 16 de agosto.- Esta comunidad, ubicada en la Meseta Purépecha, fue condicionada a unirse al Mando Unificado Policial para que puedan atenderse las investigaciones por la muerte de 18 comuneros asesinados por grupos criminales, cinco personas desaparecidas y otras denuncias, entre ellas una contra el presidente municipal de Zacapu, al que acusan de fomentar la tala ilegal.
No obstante, la población respondió con un tajante no a firmar el convenio para la implementación del Mando Unificado, ya que seguirá confiando en su ronda comunitaria y no aceptará otra forma de gobierno, lo que generó descontento del gobierno federal, que ahora busca desestabilizar a la comunidad indígena para evitar que otras quieran imitarla.
Así lo refirió Trinidad Ramírez, integrante del Concejo Mayor de Gobierno, y subrayó que la comunidad ya ha dado muestras de avances con su alternativa de gobierno electo por usos y costumbres, sobre todo en el aspecto social; si no hay mayor desarrollo en cuanto a justicia, tiene que ver con que el estado y la federación se han desentendido de sus responsabilidades con esta localidad: las viudas, los huérfanos y las madres de familia siguen esperando que se castigue a los responsables que dieron muerte a sus familiares, aseveró.
Expuso que el pasado 15 de abril llegó un grupo de la Fuerza Rural a proponerles que se incorporaran a su movimiento para apoyarles en la vigilancia de los bosques. “La lectura que le damos es que están tratando de infiltrarnos y desacreditar nuestros logros, pero no vamos a ceder, porque ahora ya tenemos seguridad y estabilidad, lo que hace mucho tiempo no ocurría”, insistió Trinidad Ramírez.
Los acercamientos también han sido de otras formas, como promesas de inversión o infraestructura, hasta invitaciones por separado por parte de los otrora autodefensas y ahora la Fuerza Rural, propuestas que con la misma sutileza se han rechazado bajo la premisa de que la comunidad indígena tiene muy claros sus objetivos y sólo confía en sus habitantes para darse seguridad.
Estas determinaciones no sólo han sido del Concejo Mayor de Gobierno, ha sido una decisión que se viene tomando con cada barrio de la población, porque ha habido intentos de infiltración en sus filas desde que funcionaban los grupos de autodefensa, “y ahora a todas luces la Fuerza Rural está intentando penetrar, y quiere llegar con armas, pero ya establecimos que aquí los únicos que pueden portar armas son los de la Ronda Comunitaria, nadie más debe entrar. Ellos no aceptaron nuestro planteamiento y al menos por ahora prefirieron retirarse”, explicó Trinidad Ramírez.
