Fabiola Martínez
La Jornada
Fabiola Martínez
La Jornada
El titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, advirtió que no aceptará la petición del Senado para la liberación de Mario Luna Romero, líder yaqui opositor al acueducto Independencia, uno de los principales proyectos del gobernador Guillermo Padrés.
“¡Por supuesto que no! ¿Cómo vamos a aceptar una exigencia de liberación sumaria? ¿Dónde está el pacto federal?”, preguntó el funcionario estatal.
Ofreció a los legisladores sólo intercambio de información, pero dejó en claro que no reconoce al Senado derecho alguno o facultades para exigir la libertad de persona alguna.
Afirmó que no se trata de una persecución étnica o de criminalizar un movimiento social; dijo que ha metido a la cárcel “a gente del partido del gobernador” o a indígenas, porque con el único prisma que mira es la Constitución. “Me daría vergüenza actuar por estrategia política”, expresó.
Luego de un episodio en la comunidad yaqui, ocurrido el 8 de junio de 2013, en la Carretera Internacional, donde opositores al acueducto mantienen un bloqueo, Luna Romero fue acusado por la procuraduría como responsable de “privación ilegal de la libertad agravada y robo de vehículo”, en perjuicio de Francisco Antonio Delgado Romo y Deonicio Luzania Valencia, también integrantes de esa tribu.
Según la averiguación previa, el inculpado no participó en la presunta agresión. En dicha indagatoria, la procuraduría refiere a una de las acusaciones: “Vieron a Francisco amarrado a un horcón en la ramada, con las manos hacia atrás y muy golpeado, pero los muchachos las sacaron (a las mujeres) a empujones, agregando que Tomás Rojo, Mario Luna y Jerónimo Ortega se encontraban en el lugar, pero alejados unos 50 metros”.
Hay dos versiones de los hechos: una, elaborada por la procuraduría con base en testimonios de los presuntos agredidos y sus familiares, y otra contenida en el juicio tradicional yaqui, en la que se relata que Delgado Romo y Luzania Valencia se hallaban en estado de ebriedad y en esa condición condujeron el vehículo hasta el punto del bloqueo carretero, donde “estuvieron a punto de arrollar a una mujer y su hija”.
La procuraduría integró la averiguación previa y detuvo a Luna Romero, a quien le dictó auto de formal prisión por delitos graves, sin derecho a fianza.
En un lapso de 15 meses, Luna hizo vida pública libremente, pero hasta ahora fue aprehendido, “en una operación quirúrgica”, en palabras del procurador.
El funcionario afirmó a La Jornada que en el caso no hay móvil político alguno ni criminalización de las protestas sociales, aunque asegura no ser ajeno a la “coyuntura”; reconoce incluso el derecho de los pobladores a oponerse al acueducto.
“Entiendo que esta persona está inmersa en una lucha contra la autoridad estatal. No puedo estar más de acuerdo, pero no me toca a mí calificar ningún tipo de movimiento, ni del gobierno del estado ni de la comunidad… la justicia debe ser ciega”, comentó.
Sin embargo, afirma que es necesario “reivindicar el derecho de la procuraduría a analizar las conductas de cualquier persona, con independencia de su cercanía o distancia con cualquier actor político”.
El caso del dirigente yaqui ha escalado; los senadores del PRI y del PRD avalaron un punto de acuerdo para pedir su liberación, al tiempo que otras organizaciones civiles y políticas se han manifestado en igual sentido.
Navarro Sugich, ex diputado local y federal, quien desde hace 15 años ha participado en las áreas jurídicas del panismo, cuestiona esta intervención: “¿dónde está la facultad para pedirnos la inmediata liberación? Nada escapa de la obligación constitucional que tenemos las autoridades, todas, no importa su pedigrí, de fundar y motivar los actos de autoridad. Nadie, ni el Senado, escapa a esa obligación”.
Y respecto a esa argumentación, afirma que la averiguación contra Luna está sustentada y alcanza para consignarlo por los delitos. “Estimamos que aportamos las pruebas suficientes en el proceso y el juez tendrá que escuchar lo que tenga que decir el acusado.
“Si en el proceso nos damos cuenta de que nos equivocamos, somos una autoridad de buena fe. Nosotros no debemos perseguir nomás por el gusto de perseguir.
“Si nosotros, sobre el proceso, nos damos cuenta de que este señor está diciendo la verdad, ya valoraremos lo que haremos. Mientras tanto, tenemos la serena convicción de que estamos haciendo lo correcto desde el punto de vista fáctico y jurídico”, dijo.
