Redacción La Jornada
En vísperas a la realización del foro académico en contra de la represión que se efectuará en San Bernardino Chalchihuapan, el pueblo determinó instalar cinco alarmas de seguridad en puntos estratégicos de la comunidad, en defensa de la vida de sus familias, pues desde los hechos violentos del 9 de julio la gente no duerme.
Además de las alarmas, que fueron adquiridas por los propios vecinos para su seguridad, los habitantes montan vigilancia de día y de noche desde hace un mes en los dos accesos principales a la junta auxiliar.
A manera de “botón de pánico”, otro grupo de pobladores ligados al alcalde Javier Montes Bautista mantiene continua comunicación a través de una red telefónica, a fin de alertarse ante cualquier situación anormal.
Los vigilantes comunitarios no están desprotegidos; van armados con machetes, palos y piedras, ante cualquier embestida.
Cuando se recorren las calles de Chalchihuapan es palpable el temor que sienten sus pobladores, que ven de reojo y con recelo a cualquier fuereño.
Araceli Bautista Gutiérrez, madre del presidente auxiliar Javier Montes Bautista, confesó que ella, como otras madres de este poblado, no duerme, solo pocas horas pueden conciliar el sueño ante el temor de que les arrebaten a sus hijos.
“Soy una madre también como Elia. ¿Qué pretende? ¿También quitarme a mi hijo y matarlo como lo hicieron con José Luis? ¿Qué le pasa al gobernador? ¡Esa no es la manera de actuar ni de poner paz!”, cuestionó severamente la mujer.
Araceli hizo referencia a Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie el niño que fue asesinado durante una protesta social de habitantes de este lugar, el pasado 9 de julio, por parte de agentes del estado.
Apenas el viernes 24 de octubre, a través de redes sociales, se alertó que las alarmas de Chalchihuapan sonaron cerca de la media noche.
En esa ocasión, la diputada federal Roxana Luna Porquillo informó que la Policía Estatal intentó ingresar a la comunidad, sin lograr su cometido.
Para entonces la población se había reunido en las dos entradas a la junta auxiliar para enfrentar a los uniformados que estuvieron en el lugar por cerca de media hora y después se retiraron.
“Vienen a intimidar por órdenes del gobierno, cuando no se dan cuenta que lo único que están provocando es que haya un enfrentamiento que acabe con varios muertos”, advirtió un anciano de la comunidad, dedicado a labrar la tierra.
En los últimos cuatro meses, el pueblo de Chalchihuapan vivió un choque con la Policía Estatal que dejó como saldo el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, más de un centenar de lesionados, cinco de ellos con daños irreversibles, y la detención de nueve pobladores, a quienes intentaron fincar la responsabilidad de la muerte del menor.
Desde el 9 de julio pasado, cuando ocurrió el cruento enfrentamiento entre pobladores y granaderos, por exigir a las autoridades estatales la reinstalación del servicio del registro civil, la gente de Chalchihuapan no volvió a conciliar el sueño.
Esto obligó a que los varones de la localidad, entre los 25 y 40 años de edad, desarrollaran un sistema de patrullaje nocturno que funciona como una alerta en el pueblo, sumado al repique de campanas de la iglesia.
“Esta vez estamos dispuestos a todo; no vamos a permitir más niños muertos ni que se lleven a nuestras familias”, dijo Omar, uno de los habitantes que concedió la entrevista, desde el anonimato.
Relató que en asamblea pública, los vecinos acordaron negar la entrada al pueblo a convoy de camionetas, uniformados y gente extraña a la junta auxiliar ante el temor que existe detenciones masivas.
“Ya estuvo bueno, si quieren otro Atenco, lo van a tener”, advirtió.
Expuso que esta coordinación entre pobladores inició después del 18 de octubre, cuando a las 4 horas ingresó un convoy de 14 vehículos sin placas para irrumpir en seis viviendas y sacar a golpes y en cueros a cinco vecinos, por supuestamente haber participado en la protesta del 9 de julio.
Esa ocasión, la Policía Ministerial detuvo a cinco hombres por su presunta participación en el bloqueo carretero efectuado cuatro meses atrás, yéndose de las manos el edil Jairo Javier Montes Bautistas, quien logró resguardarse a tiempo.
El gobierno de Rafael Moreno Valle argumentó que el ingreso brutal de los agentes ministeriales y la Policía Estatal a Chalchihuapan fue para cumplir con las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso.
Debido a que existen más órdenes de aprensión por ese caso, los pobladores de Chalchihuapan se autoprotegen, se cuidan solos, sin que haya injerencia de personas ajenas a la comunidad.
A pesar de la desconfianza, se sabe que son por lo menos seis hombres los que vigilan cada una de las dos entradas a esta comunidad que pertenece al municipio de Santa Clara Ocoyucan.
Para evitar que los mismos guardias comunitarios sean aprehendidos cuando la Policía intente entrar, los hombres permanecen agazapados entre la obscuridad de la noche.
“Cuando los vigilantes ubican a un sospechoso, se activan las alarmas y se tocan las campanas para que la gente esté alerta y salga en defensa de la persona que se quieran llevar”, explicó el declarante.
De acuerdo con la defensa legal de los pobladores, en el caso puede haber hasta 2 mil órdenes de aprehensión contra un pueblo de 5 mil habitantes, como quedó asentado en la averiguación previa.
Desde entonces Chalchihuapan pasa la noche en vela ante el temor de otra incursión de la Policía.
