Rosa Santana
Proceso
CAMPECHE, Cam. (apro).- Apicultores mayas del municipio de Hopelchén “peregrinaron” hoy por oficinas de la Profepa, la Sagarpa y el Juzgado Segundo de Distrito para denunciar la siembra ilegal de soya transgénica en la entidad, pese a un mandato judicial federal que prohíbe esa práctica.
Con ramas de los cultivos que presentaron como prueba, los denunciantes acusaron a los delegados de la Sagarpa y la Profepa, Víctor Salinas Balam y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, de estar coludidos con la transnacional Monsanto en esta situación.
En marzo, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en Campeche concedió dos amparos –el 753/2012 y 762/2012– a apicultores mayas en contra de un permiso otorgado por la Sagarpa y la Semarnat a Monsanto para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica en ocho municipios del estado.
En la sentencia se reconoce que en la expedición de los permisos se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y se ordena dejar insubsistente el permiso de liberación comercial de soya genéticamente modificada (evento MON-04032) tolerante al herbicida glifosato a favor de la empresa Monsanto.
La orden es por tiempo indefinido y aplica para los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada.
No obstante, en fechas recientes apicultores de Hopelchén se percataron de la presencia de soya transgénica en varios ejidos, entre ellos Ich-Ek, Las Flores, Pac-Chen y La Trinidad, siembra que corroboraron autoridades ejidales y comisariales a partir de verificaciones y análisis utilizando el kit “Elisa”, que detecta la presencia de organismos genéticamente modificados.
Ante esta ilegalidad, los apicultores de Hopelchén presentaron una denuncia popular ante la Profepa, así como una solicitud a Sagarpa para que se inicie un procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.
En particular, los apicultores solicitaron a la Profepa y a la Sagarpa que inspeccionen y vigilen la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener esa práctica.
Incluso, que “dentro de las medidas específicas a tomar se establezca el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá considerar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM”.
También exigieron “investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible contaminación ocurrieran, aplicando a los responsables las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”.
Además, acusaron a la Sagarpa de omisión “en su labor de inspección y vigilancia a que la obliga la ley de bioseguridad, e incluso funcionarios de esa dependencia han promovido públicamente la siembra de soya OGM, a pesar de la prohibición derivada de la sentencia del Juzgado Segundo”.
En la queja los productores mayas expusieron que ejemplo de lo anterior son las declaraciones públicas que Miguel Ángel Reyes Chávez, subdelegado agropecuario de la Sagarpa en Campeche, dio recientemente a medios locales:
“Tenemos que ser muy precisos si hablamos de transgénicos. Y únicamente vamos a hablar de soya. A nivel país hay una liberalización total para la siembra comercial de la soya y Campeche es parte del país. Hay permiso para la siembra de soya resistente al glifosato”, sentenció.
Para los denunciantes, las declaraciones, “además de generar posible responsabilidad administrativa, e incluso penal, representan una clara evidencia del desafío que la delegación de la Sagarpa ha hecho frente a las sentencias emitidas por el Poder Judicial Federal”.
Por lo anterior, solicitaron al Juzgado Segundo iniciar el incidente de inejecución de sentencia y que, en ejercicio de sus facultades, dé vista al MP Federal para que inicie la averiguación previa, “dado que la violación a una suspensión derivada de una sentencia judicial representa un delito”.
Los apicultores mayas, junto con activistas de los grupos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, Ma OGM Colectivo sin Transgénicos, advirtieron:
“La siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche es consecuencia, cuando menos, de una clara omisión del Ejecutivo federal para establecer las medidas de inspección, vigilancia y precaución derivadas de la Ley de Bioseguridad y significa una afrenta al Poder Judicial Federal”.
Y alertaron “sobre la posible estrategia del gobierno federal de permitir la introducción y siembra ilegal de soya OGM o cualquier otro transgénico en comunidades indígenas, pues esta estrategia se ha utilizada en otros países para legalizar por la fuerza la entrada de transgénicos, razón por la cual el juez segundo de distrito debe establecer todos aquellos mecanismos tendientes a hacer efectiva sus resoluciones”.
