Editorial La Jornada
Decenas de integrantes de la tribu yaqui y del Movimiento Ciudadano por el Agua realizaron ayer bloqueo de carretera en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, en Sonora, en protesta por la detención de Mario Luna Romero, designado vocero de esa comunidad –por usos y costumbres–, acusado de los delitos de robo y secuestro por el gobierno que encabeza el panista Guillermo Padrés.
La inconformidad de los integrantes de esa comunidad del sur de Sonora parece justificada a la luz de las irregularidades cometidas durante la referida detención, que fue ejecutada por personas vestidas de civil que viajaban en vehículos no oficiales, con base en supuestos delitos que no han sido sustentados. Por añadidura, el hecho tiene un trasfondo político y social ineludible: el rechazo del pueblo yaqui a la construcción del Acueducto Independencia, obra impulsada por el gobierno sonorense que desviaría el agua del río Yaqui para abastecer, presuntamente, a la ciudad de Hermosillo, pero que en realidad responde y favorece a los intereses corporativos –de ensambladoras de autos, cerveceras y refresqueras– y de políticos influyentes en la región y el país.
Al igual que la detención del dirigente, la construcción del mencionado acueducto ha estado marcada por irregularidades que evocan la tradición de despojo a que han sido sujetos los pueblos originarios en todo el país, desde tiempos pretéritos. La citada obra se construyó sin consultar al grupo étnico, pese a la existencia de un decreto de 1940 en que se les otorgaba el uso de 50 por ciento de las aguas del río. Tal arbitrariedad llevó a la comunidad yaqui a iniciar una disputa jurídica para garantizar el derecho a la consulta, que derivó en la concesión de un amparo que ordenaba, como medida preventiva, suspender las obras del acueducto. Fue entonces que dio inicio una campaña de desprestigio y criminalización del gobierno sonorense en contra de la comunidad yaqui y sus dirigentes, que incluyó amagos de represión y amenazas directas por parte de los mandos de seguridad pública estatal contra los inconformes.
Con estos precedentes, se puede suponer que la detención de Mario Luna no obedece a un afán de justicia por parte del gobierno sonorense, sino que forma parte de una campaña de persecución que, a su vez, se inscribe en el historial de despojo que el pueblo yaqui ha padecido históricamente a manos del Estado, por lo menos desde la década de 1870, tiempo en que tuvo lugar la tristemente célebre Guerra del Yaqui, que derivó en un etnocidio de ese pueblo por parte de los gobiernos liberales.
En su versión contemporánea, ese hostigamiento histórico se hace acompañar de políticas represivas y acciones de criminalización de las disidencias sociales, campañas de desprestigio en medios de comunicación y en las redes sociales, y una negación sistemática a reconocer el derecho que les asiste a los yaquis para decidir sobre sus recursos naturales.
Sin embargo, a contrapelo de los cálculos gubernamentales, ese rumbo de acción no ha hecho sino multiplicar la tensión social y alentar escenarios de ingobernabilidad en la región. Tal vez haya aún una ruta para evitar ese panorama: que el gobierno se desista de la persecución emprendida contra los yaquis y reconozca el error que cometió al impulsar la construcción del referido acueducto sin atender a la inconformidad y a las afectaciones causadas a diversos sectores, en forma destacada a los integrantes de ese pueblo originario.
