Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Agentes policiacos aprehendieron esta mañana a 30 indígenas que fueron citados en esta capital para negociar con las autoridades el fin de las protestas en Ocosingo.
Los detenidos son miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID), y autoridades de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, quienes desde el pasado jueves 22 iniciaron una jornada de protestas en ese municipio, con cierres de carreteras y la toma de edificios públicos y supermercados.
Los inconformes reclaman la regularización de tres poblados: Rachería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio, y la liberación de Gabriel Fernando Montoya Oseguera, arrestado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hace una semana.
En un principio Montoya Oseguera fue acusado del presunto secuestro de la ambientalista Julia Carabias, pero ahora enfrenta un proceso penal derivado de una protesta que se realizó hace 13 años en Altamirano.
Los líderes del movimiento fueron citados para este viernes en Palacio de Gobierno, con el objetivo de entablar un diálogo con las autoridades y buscar acuerdos.
José Jacobo Femat, líder de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), dijo que cuando llegaron al lugar fueron sorprendidos con un operativo policiaco.
“Cinco minutos después de haber llegado a Palacio de Gobierno aparecieron grupos de policías que a empujones y jalones se llevaron a los 30 miembros de la comisión, entre ellos el dirigente de la ARIC-ID, Vicente Juárez Jiménez, y a las autoridades de Bienes Comunales de la comunidad Zona Lacandona, encabezadas por Emilio Bolom Gómez y el tesorero Marcelino Chambor Chaná”, precisó.
A él y a la esposa de Montoya Oseguera, que también participarían en la reunión, los soltaron los policías, mientras los otros 30, dijo, al parecer fueron trasladados al penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, donde también se encuentra Gabriel Fernando.
“Consideramos que la detención es una traición del gobierno que nos citó a dialogar y detuvo a los miembros de la comisión negociadora en momentos en que hay movilizaciones por la injusta detención de Montoya”, subrayó el dirigente de la Cocyp.
Y acusó que detrás de ello están diversas empresas y particulares, como la exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julia Carabias.
Una fuente allegada a los detenidos confirmó que entre éstos se encuentran Vicente Jiménez Cruz y Mariano Toledo Vázquez, dirigentes de la ARIC-ID, la organización más importante de la selva Lacandona.
También fueron arrestados Emilio Bolóm Gómez, recientemente electo presidente de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, y Sebastián Jiménez Clara, representante de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, localizados en Montes Azules. Desde hace más de 20 años ambos han insistido en la regularización de esas comunidades.
Los agentes de la PGJE también aprehendieron a Mario Ruiz, promotor y mediador comunitario de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), quien acompañaba a los indígenas como observador.
Esta es una “expresión clarísima de la sensibilidad del gobierno para solucionar los problemas por la vía represiva”, señaló Pablo Romo, también integrante de esa organización fundada por el fallecido obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz.
Añadió:
“Esto (la detención masiva) nos recuerda los tiempos del entonces gobernador Roberto Albores Guillén. Así actuaban antes y así lo siguen haciendo ahora”.
Romo expuso que se trató de un “acto de traición”, pues los indígenas llegaron a dialogar, pero fueron detenidos de forma alevosa.
“Lo que vemos es un gobierno insensible para escuchar las necesidades de los indígenas. Vemos, pues, un proceso de negociación traicionado, lo que demuestra cómo una de las partes responde manera insensible a la necesidad de un diálogo”, insistió.
De manera extraoficial se informó que Mario Ruiz fue liberado, aunque hasta el cierre de esta edición la PGJE guardó hermetismo en torno del caso.
