México, 22 de febrero 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Ahí tienen exhibida a la «justicia» española de cuerpo entero. Por si alguien todavía no sabía quiénes trajeron a México enfermedades como la viruela o la CORRUPCIÓN, este caso vuelve a dejarlo muy claro.
El diario español El País reveló este lunes que el régimen usurpador de Enrique Peña Nieto, utilizó cuantiosos recursos públicos a través de la embajada de México en el país ibérico, para lograr la liberación del saqueador priista Humberto Moreira, acusado de narco y lavado de dinero en España.
De acuerdo con la agencia Proceso, que cita a su vez un reportaje del rotativo español, la embajadora de México en España, Roberta Lajous, no escatimó en todo tipo de recursos materiales y humanos para volcarse en defensa del ex «gobernador» de Coahuila y ex presidente nacional del PRI.
“El gobierno [sic] de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, denuncia la investigación de El País, firmada por el periodista José María Irujo.
A las gestiones para lograr que la «justicia» española desistiera de la causa contra el delincuente Moreira, se habría sumado desde México la priista Arely Gómez González, empleada del actual régimen usurpador en la «procuraduría general de la república».
Según el reportaje, Gómez González –por cierto hermana de un ejecutivo de la criminal empresa Televisa– dio seguimiento personalmente al caso a través de la Fiscal General de España, Consuelo Madrigal.
Proceso habría consultado directamente a la fiscalía española para confirmar la versión de la publicación del El País. En efecto, según detalló la agencia noticiosa mexicana, fuentes de la dependencia extranjera confirmaron las comunicaciones personales entre Arely Gómez y la fiscal española. De hecho, se dijeron sorprendidos por estas gestiones, ya que «no es habitual que las autoridades de otro país tengan una intervención de tal nivel ni que se pidan detalles de una causa abierta y que es secreta».
Asimismo, Proceso confirmó que «diplomáticos» mexicanos enviaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que, amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena, preguntaron al juez Pedraz sobre los pormenores de la investigación, según detalló El País en su reportaje.
El medio aquí citado recordó que el priista Humberto Moreira fue detenido en Madrid el 15 de enero de este año. Las «autoridades» españolas realizaron la aprehensión del sujeto en cumplimiento a una indagatoria en ese país por lavado de dinero, cohecho y nexos con el cártel de los Zetas.
Sin embargo, menos de un mes después de la detención, el juez Santiago Pedraz que llevaba la causa ordenó su liberación provisional, tras considerar que no se acreditaron los delitos que se le imputan al delincuente Moreira.
Al concluir su «gestión» como gobernador de Coahuila, Humberto Moreira dejó una deuda con entidades bancarias superior a los 35 MIL MILLONES DE PESOS, más pasivos equivalentes a otros 5 MIL MILLONES. El destino de esos recursos se desconoce, pero su enriquecimiento durante su periodo como «gobernador» fue más que evidente.
Preguntas: ¿por qué tantos recursos (de los mexicanos) invertidos en sacar a esa lacra miserable de la cárcel? ¿Por qué le conviene a Peña Nieto que Moreira esté libre? Cualquier cosa que se imaginen para responder, seguramente es poco…
Con información de Proceso
