Enrique Méndez y José Antonio Román
La Jornada
El PRI en la Cámara de Diputados promovió un solo cambio a la ley de hidrocarburos, para incluir como un derecho de los titulares de terrenos la contraprestación por la “ocupación temporal” de sus tierras y que el pago se calcule antes del pago del ISR por parte de las empresas petroleras o de energía eléctrica.
La única reserva del PRI al dictamen de la Comisión de Energía, que se presentaría esta madrugada, incluye ajustar el porcentaje de la contraprestación de tierras por yacimientos de hidrocarburos o de gas no asociado, pero se mantiene la figura de “ocupación temporal” como forma de explotación, así como la causa de utilidad pública.
Además, en la ley de la industria eléctrica se amplía el alcance de la “ocupación temporal” para “prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en casos en que, por las características del proyecto, se requiere de una ubicación específica”.
El documento presentado a la mesa directiva, de reserva al artículo 101 de la citada ley, considera que el porcentaje por explotación de tierras con gas no asociado sea de entre 0.5 y hasta 3 por ciento, es decir, medio punto con respecto a la redacción original del Senado.
Se mantiene el porcentaje de entre 0.5 por ciento y no mayor a 2 por ciento en el caso de hidrocarburos, aunque el PRI explicó que al realizarse el cálculo a partir del pago antes de impuestos, la contraprestación para los propietarios de la tierra será mayor.
El PRI también decidió suprimir los incisos a y b de la fracción siete del artículo 101 de la ley de hidrocarburos, y los mismos incisos del artículo 73 de la ley de la industria eléctrica –que se discutirá hoy–, en los cuales se incluía como pago compromisos de contratación como parte de la fuerza laboral de las empresas o la adquisición de bienes e insumos o de servicios fabricados.
Esa forma de contratación, presentada originalmente por el PAN en el Senado, fue valorada por el tricolor como “similar al de las tiendas de raya”.
Proyectos de “desarrollo”
En cambio, se propuso que las compañías se comprometan a ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades o localidades afectadas, y que la compra de bienes o insumos ocurra cuando éstos sean compatibles con los proyectos de extracción o generación de energía eléctrica.
Asimismo, se busca aclarar que el porcentaje de ingresos que reciban los ejidos o comunidades sean repartidos, por acuerdos de sus asambleas respectivas, entre todos los miembros o aportarlos a un proyecto de desarrollo comunitario.
La diputada Nelly del Carmen Vargas (Movimiento Ciudadano) expuso que al mantenerse la figura de “ocupación temporal” de tierras, el país irá a un neolatifundismo, porque se otorga a las empresas “todas las facilidades para el despojo a pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios”.
Se trata, agregó, de “una nueva conquista, que agravará los problemas nacionales, como el desarraigo, y facilitará la creación de guardias blancas, el surgimiento de cacicazgos. Patearán a nuestros indígenas y se ensancha la puerta para el saqueo y la destrucción de recursos naturales”.
Aún así, Tomás Torres, del PVEM, sostuvo que se mantiene sin cambio el derecho legítimo a la propiedad de núcleos ejidales o de particulares. “Hacemos nuestra la Constitución, respetando instrumentos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de gozar y disfrutar de las tierras y a la protección judicial”, argumentó.
En respuesta, el perredista Carol Antonio Altamirano afirmó que a priístas, panistas y sus aliados “les da pena reconocer su verdadera motivación: que las empresas extranjeras no encuentren resistencia de los pequeños propietarios ni de las comunidades”.
Pero, alertó, así empezó el movimiento de Atenco. “Menospreciar a la gente y desplazarla de su actividad es el fondo; cambiar la figura de expropiación por la de ‘ocupación temporal’ es pagar el uso de las tierras con unos cuantos centavos”.
