FRANCISCA MEZA CARRANZA
La Jornada
El coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que lo expresado por el procurador, Iñaki Blanco Cabrera, en el sentido de que no se negociará la salida de los dirigentes sociales presos, confirma la postura del gobierno del estado de utilizar el viejo método “caciquil piísta”; aseveró que la apuesta del caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) ya no está en la mesa del diálogo, por lo que continuarán con los recursos legales necesarios entre los cuales, anunció, están las denuncias por tortura cometidas contra el cecopista en su detención y traslado.
En entrevista, consideró que la posición demostrada por el procurador, disfrazada de legalista, no ayuda a distender los conflictos sociales que actualmente se viven en la entidad y el hostigamiento que existe contra los luchadores sociales los cuales, aseveró, ni siquiera son jurídicos, pues son delitos que no se cometieron y sólo se utilizó al sistema jurídico y a las instituciones para golpear a las personas.
“Ya está clara la visión del gobierno del estado a través de la posición de un gobierno muy conservador, de un gobierno con una tradición caciquil autoritaria, al viejo estilo caciquil y priísta y bien, se encontraron un procurador con una misma visión, un procurador que se ajusta a ese modelo de gobierno autoritario que dice defender la legalidad pero que la delincuencia organizada en Chilapa está matando a las personas a la orden del día, que en Chilpancingo están matando por derecho de piso a las personas. El crimen organizado se pasea a la luz del día y entonces yo no creo que eso sea vigilar por la legalidad, no creo que la Procuraduría esté siendo garante de la justicia si hay tantos asesinados, si no hay orden en el estado, si los grupos de la delincuencia organizada se pasean por el día, pues algún aval han encontrado o alguna omisión ha de haber, yo creo que la Procuraduría no está desplegando las acciones legales que debiera, entonces cómo sí las está desplegando contra el movimientos sociales», cuestionó.
Reiteró que entonces la defensa ya no está en la mesa de diálogo, porque con la reunión del lunes con los diputados federales de PRD y del PT, a la que no acudieron Blanco Cabrera ni la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galena Marín, quedó clara la postura de “mano dura del gobierno” por lo que se centrarán en la defensa jurídica.
Dijo que aún está pendiente resolver el amparo legal contra el vocero del Cecop en los juzgados de distritos, lo cual no se efectuó el jueves pasado como se tenía previsto porque faltaron algunos informes justificados de las autoridades responsables, por lo que la audiencia se difirió hasta el 13 de agosto.
