Ana Langner
El Economista
En los últimos 12 años la situación de violencia y discriminación que afecta a las personas en situación irregular que transita a través de México ha empeorado de forma “dramática” y se advierte una expansión de las redes de tráfico de migrantes en la región con plena participación de los cárteles del narco; ello ante la falta de castigo de los crímenes en contra de éstos.
Desde que la Comisión realizó su primer visita al país para evaluar la situación de las personas migrantes -en el 2002- a la fecha, las extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones de los que son víctimas han persistido y empeorado.
A través del informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, presentado en la ciudad de México, la CIDH observa que las redes de tráfico de migrantes se han expandido en la región y que se extienden a lo largo de los países de origen, tránsito y destino.
El documento está basado en la información recibida por la Comisión entre los años 2008 y 2013, a través de diversas audiencias públicas y una visita de trabajo realizada por la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH a México, en el 2011.
En contraste a la situación observada en por la CIDH hace 12 años, en los últimos años el crimen organizado, en especial cárteles del narco, se ha involucrado de manera plena en actividades relacionadas con el secuestro de migrantes, la trata de personas, el tráfico de migrantes, así como en otros delitos y violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, las diversas organizaciones del crimen organizado son las principales responsables de la violencia y criminalidad que afecta a los migrantes. El involucramiento de dichas células criminales en este negocio se explica por los altos beneficios que genera, en comparación con el bajo nivel de riesgo que implica la comisión de delitos en contra de estas personas.
“En la actualidad, la migración transnacional irregular representa una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en México y en la región”, resalta el documento de la CIDH.
Al respecto, el relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, encargado de presentar el documento este lunes, explicó que el fortalecimiento del crimen organizado y una importante cantidad de personas empujadas a migrar debido a las malas condiciones de vida en sus países, facilitó la expansión de la participación de redes del crimen en la trata de personas migrantes.
A su vez, el informe reporta que la colusión de diversas autoridades estatales ha facilitado la incursión de las organizaciones criminales en la explotación de la migración irregular, un negocio que anualmente les reporta millones de pesos y de dólares.
De los flujos que entran por el sur, las mujeres suelen estar en una mayor situación de vulnerabilidad para ser víctimas de trata de personas con fines explotación sexual. Igualmente, la Comisión ha conocido de casos de trata de niños, niñas y adolescentes e inclusive de lactantes.
La Comisión recibió también información relativa a migrantes que son forzados a trabajar en distintas formas para grupos de la delincuencia organizada mientras se encuentran secuestrados. Son reclutados para realizar actividades delictivas, tales como el sicariato, el asesinato de otros migrantes o en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Asimismo, los niños y adolescentes migrantes son forzados a trabajar como vigías de organizaciones del crimen organizado, también conocidos como halcones.
La CIDH advirtió que la extrema vulnerabilidad de la cual son víctimas los migrantes y otros individuos en México representa una de las principales tragedias humanitarias en la región. “Persiste un fenómeno grave contra las personas migrantes”, enfatizó el comisionado Felipe González.
A su vez exhibió que a la CIDH le preocupa en particular que la respuesta del Estado frente a la migración de niños no acompañados sea frecuentemente su criminalización a través de la imposición de medidas como la detención migratoria.
Si bien la CIDH reconoció los avances legislativos en derechos humanos y protección a migrantes, “el nivel de implementación es muy bajo”.
También lamentó que durante la segunda visita de la CIDH al país para revisar la situación de los migrantes la comitiva no tuvo acceso a ninguna de las 47 fosas clandestinas encontradas entre abril y mayo del 2011, con 193 cadáveres de mexicanos y ciudadanos de otros países.
Además, la CIDH reportó que cuenta con indicios concretos y consistentes que indican que muchas de las graves violaciones a los derechos de los migrantes son abusos de autoridad por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) o los distintos órdenes de policía.
“La respuesta del Estado mexicano ha sido claramente insuficiente para prevenir, proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra las personas migrantes”, declara la CIDH.
