México, 3 de junio 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Enrique Peña Nieto sí cumple y desde hace mucho tiempo… pero a sus jefes extranjeros, entregándoles el país pieza por pieza desde que desgobernaba y saqueaba el Estado de México, hoy sumido en un baño de sangre sin precedentes igual que el resto del país.
Una investigación del portal digital Animal Político reveló ayer que en 2009, el «gobierno» del Estado de México, encabezado entonces por el asesino de Atenco, expropió ilegalmente un predio de 28 mil metros cuadrados para anexarlo al proyecto del Circuito Exterior Mexiquense, beneficiando a la constructora española OHL.
Según la nota del citado medio, en el decreto de expropiación del Rancho Mayte, ubicado en Tultepec, Peña Nieto argumentó que el predio no tenía dueño conocido pues no aparecía en el Registro Público de la Propiedad. Además se determinó un precio muy por debajo de su valor real.
No obstante, Animal Político encontró que el rancho fue expropiado ilegalmente, pues una familia lo había adquirido hace más de 40 años y su valor ascendía a más de 50 millones de pesos, y no los 10 millones que el «gobierno» peñista había establecido.
De hecho, la familia despojada emprendió un litigio que duró más de cuatro años, en el que finalmente se concluyó que «la expropiación ordenada por el ‘gobierno’ del Estado de México violó la constitución y los derechos de los propietarios del rancho». Por tanto, se ordenó indemnizar a los afectados.
El terreno es irrecuperable, pues ya se construyó el Circuito Exterior Mexiquense con el que se enriqueció la empresa española OHL, cobrando el proyecto con sobrecosto. Por tanto, se ordenó indemnizar a la familia con recursos del erario mexiquense, es decir, con el dinero de todos los habitantes de la saqueada entidad. Sin embargo, tampoco se ha cumplido con ese ordenamiento.
De hecho, en las conversaciones telefónicas que se difundieron recientemente entre el Director de Relaciones Públicas de OHL México Pablo Wallentin y el Director Jurídico de la compañía Gerardo Fernández, se menciona el asunto del dictamen «por los terrenos de Tultepec». Justamente en esos audios se habla de presuntos sobornos a «magistrados».
Documentos en poder de Animal Político muestran que el rancho disponía de escrituras a nombre de la familia Schievenini que datan de 1966 y estaba inscrito en la oficina del Registro Público de Cuatitlán (asiento 50, volumen 368).
Sin embargo, en el decreto emitido el 24 de agosto del 2009, Peña expuso que los 28 mil metros cuadrados a expropiar no tenían inscripción en el registro Público, lo cual, como lo demostró Animal Político, era falso. Pese a que la familia ya había entrado en negociaciones «informales» con la empresa beneficiada, el «gobierno» de Peña entregó «oficialmente» el terreno el 17 de diciembre de 2009, violando el Derecho de Audiencia de los dueños contemplado en el artículo 14 de la Constitución.
Como siempre, arbitrario y déspota, así se las gasta el asesino de Atenco para favorecer a sus jefes extranjeros, pasando por encima de lo que sea.
Con información de Animal
