AP
Cd. de México (15 noviembre 2014).- Dos mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en junio, y que están encarceladas bajo cargos de acopio de armas, son inocentes y deben ser liberadas de inmediato, consideró el presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Raúl Plascencia dijo a The Associated Press (AP) que estas personas no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.
Según una investigación de la Comisión, ambas fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Plascencia, quien hoy deja su cargo como presidente del organismo, indicó que las dos mujeres eran prostitutas que fueron contratadas para acompañar a un líder del grupo, al que conocieron en la bodega abandonada donde sucedieron los hechos, el 29 de junio.
El cabecilla del grupo, junto con otro hombre, logró escapar después de un tiroteo inicial que iniciaron militares la madrugada del 30 del mismo mes.
La detención de ambas constituye una violación de sus derechos humanos, aseveró el Ombudsman, quien supervisó la investigación realizada por la Comisión sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Inicialmente, el Ejército aseguró que los 22 presuntos criminales, incluida una adolescente de 15 años, murieron luego de un enfrentamiento con soldados.
Sin embargo, las dos mujeres, junto con una tercera sobreviviente que está libre, han declarado a las autoridades que la mayoría de los sospechosos se habían rendido y estaban desarmados cuando los militares les dispararon.
«El único delito que habían cometido es el haber sido contratadas por personas para darles un servicio un día antes», dijo Plascencia a AP.
«Desde el punto de vista nuestro, deben ser liberadas de manera inmediata, porque no tienen delito alguno».
Ambas están detenidas en una prisión federal en Nayarit, donde enfrentan un proceso por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos.
La Procuraduría General de la República, que acusó a las dos mujeres, tiene la posibilidad de retirar cargos utilizando algunas figuras legales, como el desistimiento de los cargos y la presentación de conclusiones no acusatorias, algo que ha hecho en otras ocasiones.
Un vocero de la dependencia dijo que no tenía conocimiento de que se considerara retirar los cargos.
«Lo que haya dicho la Comisión es una opinión particularísima», comentó el portavoz Eduardo Zerón.
En septiembre, una tercera mujer que sobrevivió reveló a AP y a la revista Esquire Latinoamérica que sólo una persona murió en el enfrentamiento y que el resto se rindió y salió de la bodega con las manos en la nuca.
La Procuraduría General no comenzó la investigación de las posibles ejecuciones hasta tres meses después del incidente y ya cuando se habían divulgado reportes periodísticos sobre las dudas en torno al caso.
Tras los reportes, el Ejército detuvo a ocho militares bajo señalamientos de violaciones a normas castrenses y luego la Procuraduría presentó cargos ante un juez civil contra siete de ellos por acciones impropias de un servidor público.
Tres también fueron acusados de homicidio. La CNDH ha pedido que se amplíen las investigaciones a más militares y funcionarios que habrían estado involucrados luego del enfrentamiento y que se lleve a la justicia el caso de las mujeres que fueron torturadas y maltratadas.
