Fernando Camacho Servín
La Jornada
Las reformas en materia energética pueden abrir la posibilidad de que tenga lugar un ciclo de ‘‘despojos muy fuertes’’ en tierras de los pueblos indígenas a través de leyes secundarias que lleven a una ‘‘transferencia expedita’’ del dominio de terrenos con yacimientos de hidrocarburos, señaló Federico Navarrete, académico del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma energética ‘‘abre la puerta a muchos abusos, casi a expropiaciones sumarias, a cambio de un porcentaje por los ingresos, pero sabemos que las empresas siempre pueden hacer trucos contables, expatriar los beneficios y pagar menos de lo que deberían’’ a las comunidades cuyo territorio van a ocupar, señaló.
‘‘Los indígenas son el sector más pobre de la población mexicana y eso es resultado de una realidad centenaria de marginación, pero el conflicto más actual o urgente que enfrentan hoy son las recientes reformas en materia energética, porque hay claros indicios de que éstas pueden abrir la puerta a despojos’’, alertó el especialista en historia de los pueblos originarios de América.
De acuerdo con Navarrete, la leyes secundarias establecen una figura de transferencia expedita de tierras mediante la cual las empresas inversionistas pueden ocupar las zonas donde exista la posibilidad de explotar hidrocarburos, a cambio de una especie de renta a las comunidades donde se asienten.
Sin embargo, dijo, la experiencia de otros países comprueba que es muy difícil establecer órganos reguladores que obliguen a las compañías a pagar de forma honesta y regular a los pueblos expropiados.
‘‘Están abriéndole la puerta a despojos y expropiaciones sumarias, y aunque establecen la posibilidad de consultar a los pueblos cuando se descubran recursos naturales en sus terrenos, debería respetarse la opción de que se nieguen y parece que en la ley de hidrocarburos la prioridad máxima es explotar los yacimientos energéticos’’ aunque los dueños de las tierras no acepten.
Las autoridades mexicanas ‘‘van a lidiar con algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo, y lamentablemente su capacidad regulatoria es muy mala. Lo que puede venir es una nueva oleada de despojos, cuando de por sí muchos de los conflictos más importantes del siglo XX y lo que va del XXI han tenido que ver con expropiaciones’’.
Aunque esta situación representa una amenaza muy seria, ‘‘habrá reacciones y movilizaciones, como la de los huicholes en Wirikuta. La pregunta es de qué lado van a estar las autoridades, y ya se ha visto que benefician más a las empresas que a los pueblos’’, alertó.
