Ignacio Alvarado Álvarez
La Jornada
Arriaga, Chis., 26 de octubre. César Tzul Menchú lleva cinco semanas en una cama del hospital general de esta ciudad, con cuatro dedos del pie izquierdo cercenados. Tiene 20 años. Esperaba atravesar el país por segunda ocasión para llegar a Estados Unidos.
En su pequeña comunidad, en el departamento de Totonicapán, punto intermedio entre la frontera con Chiapas y la ciudad de Guatemala, la vida no se parece ni de lejos a la que tuvo durante cuatro años en Houston, Texas. En su tierra natal reinan la pobreza y la inseguridad.
A comienzos de 2009 cruzó México por primera vez. Fue deportado en agosto de 2013. Demoró un año para reunir 7 mil dólares y pagar al mismo pollero, quien le advirtió sobre el endurecimiento de la persecución a migrantes. “Ahora están más duros. Uno sabe que debe cuidarse de los delincuentes y de la policía, como siempre, pero ahora es peor”, relata.
Cruzó la frontera sur el 16 de agosto. Burló retenes y patrullas de militares y policías federales, estatales y municipales; a ejidatarios asaltantes y a células delictivas esparcidas por toda la costa. En dos días llegó a Arriaga.
Meses antes, esta pequeña ciudad próxima al Istmo de Tehuantepec era el principal punto de concentración de migrantes. Aquí subían al ferrocarril de carga que los llevaba a la frontera.
El 8 de julio el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Catazajá, en el extremo norte de Arriaga, donde puso en marcha el Programa Frontera Sur para controlar el flujo de indocumentados.
El anuncio se hizo en medio del escándalo mediático por la crisis de menores migrantes retenidos en la frontera estadunidense. Catazajá es el otro punto estratégico de cruce en Chiapas.
Allí se abrió uno de los grandes complejos de aduana y migración diseñados para contener el paso de centroamericanos, lo que selló la suerte de quienes atraviesan por México rumbo al norte.
“Los migrantes quedaron aún más vulnerables. Para evadir los puntos de revisión que se han reforzado tendrán que aventurarse por una zona de matorrales donde nadie se dará cuenta si los atacan, los secuestran o los asesinan”, alerta Ricardo Montes, cónsul de Guatemala en Arriaga.
César trepó al tren a las 23:30 horas del 18 de agosto, junto con otro centenar de centroamericanos. Cuenta que alcanzó el sueño profundo en pocos minutos y despertó cuando alguien gritó que corriera porque venía la policía.
Dio unos cuantos pasos antes de resbalar. Se asió de una escalerilla, pero una de las ruedas le atrapó el pie. Un salvadoreño que iba detrás pudo agarrarlo del cinturón antes de que cayera desmayado. Recuperó la conciencia a bordo de una patrulla federal.
Condenados a la invisibilidad
El riesgo que corren ahora los viajeros es “absoluto”, porque se les ha condenado a la invisibilidad, subraya Diego Lorente, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula. Nadie sabe si son secuestrados o asesinados en plena selva, agrega.
“Hay una opacidad total. Estamos ante una estrategia del gobierno para ocultar atrocidades y la magnitud del mayor fenómeno de nuestros tiempos”, señala. Un disuasivo tan atroz instrumentado por el Estado, señala, sólo tiene una explicación: el interés en la inversión de grandes capitales. Según Lorente, es lo que hay detrás del Programa Frontera Sur.
“Estamos frente a un sistema de gobierno neoliberal en plena ofensiva privatizadora. Chiapas y el sureste interesan ahora más que nunca para impulsar la inversión extranjera. Pero para que ello ocurra Estados Unidos exige un freno a la migración”, explica.
En abril de 2012 el Centro Hispánico Pew difundió un comunicado urgente en el que señalaba un fenómeno insólito: el flujo de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos había caído a cero.
“No sabemos si se reanudará, pero sí sabemos que el punto muerto actual es algo más que una pausa temporal”, resaltó en ese entonces Paul Taylor, director de dicho organismo. “El flujo migratorio neto ha estado en cero y tal vez ha sido negativo por primera vez desde 2007”, apuntó. El centro atribuyó este fenómeno al endurecimiento de leyes migratorias y al colapso financiero en Estados Unidos.
En México se iniciaba la guerra contra el narco lanzada por el panista Felipe Calderón. Desde 2007 el país, sobre todo el norte, vivió una de las peores etapas de violencia de su historia moderna, lo que convirtió al país en una enorme trampa para los migrantes.
Guadalupe Correa-Cabrera, directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, señala que el resultado fue la militarización de las rutas de los energéticos y los minerales, justo las que siguen los migrantes hacia Estados Unidos.
Terror al servicio de trasnacionales
Esta violencia militarizada genera “un enorme terror social, limpieza étnica, un desplazamiento de grupos altamente vulnerables”, entre ellos los centroamericanos, que, paradójicamente, huyen de la violencia y la miseria. “La economía de Estados Unidos no tiene capacidad para absorber un flujo de esta magnitud. Así que se prefiere que mueran en el camino. Desde luego, esto no puede demostrarse, pero ahí están las bases que sugieren la generación de terror para proteger los intereses de las trasnacionales”, agrega.
Cabrera ha investigado los intereses que se ciernen sobre las cuencas de Sabinas y Burgos, y su relación con el empleo de tácticas paramilitares para establecer un régimen de terror. Testimonios en tal sentido también han sido recogidos por la Casa del Migrante de Saltillo.
Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de dicho albergue, afirma que funcionarios mexicanos que pidieron anonimato han aceptado que el Estado permite operar a los grupos criminales, pues combatirlos implicaría “permitir el libre tránsito de indocumentados”.
“La línea institucional refuerza la agenda impuesta por Estados Unidos –concluye Diego Lorente, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías–. Habrá episodios atroces que seguramente no conoceremos. De eso se trata”.
