Darío Pereira
La Jornada
21 de julio 2014.- A pesar de las normativas nacionales y de los convenios internacionales que México ha ratificado, en Jalisco, el Estado sigue siendo omiso en cuanto a la correcta atención de mujeres violentadas, denunció Guadalupe Ramos Ponce, representante en la entidad del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
En los primeros días de este mes, Rosa María Castillero Manzano, titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, reveló que en lo que va del año, 39 mujeres han presentado igual número de denuncias ante la Fiscalía General del Estado tras ser víctimas de violencia institucional, en su mayoría relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 en servicios de salud; sin embargo, para la activista la cifra real de violaciones a los derechos de las mujeres por parte de organismos estatales es mucho mayor, mas no puede ser cuantificada por falta de información oficial al respecto.
La NOM 046 – SSA2 – 2005, relativa a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, dicta los criterios para la prevención y atención que deben seguir todas las instituciones públicas y privadas de salud del país.
Entre otras cosas, estipula que:
«En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán de (…) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia (…) Informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA (…) En caso de embarazo por violación (…) las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada”.
No obstante, nada se cumple.
¿Por qué? En parte por falta de capacitación de los trabajadores de la salud o por desabasto de los medicamentos, pero también por ideologías políticas. Durante la gestión del panista Emilio González Márquez como gobernador del estado (2006-2012), se giraron instrucciones precisas a los servicios médicos para que la norma no fuera aplicada.
A la par, González Márquez presentó, en junio de 2009, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que buscaba la anulación de la misma. Aunque en 2010, con 10 votos a favor, la SCJN desechó la medida, ésta dejó rezagos.
«Esto no ha cambiado con la nueva administración, no está la intencionalidad de la aplicación. No hay una política pública clara en Jalisco de prevención de las múltiples violencias en contra de las mujeres, por eso se explica el incremento de la violencia y los asesinatos, en lo que va del 2014 ya son 75 mujeres asesinadas y estamos a la mitad del año”, explicó Ramos Ponce.
La falta de aplicación de la norma, tanto en Jalisco como en otras entidades, llegó a ámbitos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.
En julio de 2012, el comité de expertas para la eliminación de la discriminación contra la mujer, conformado tras la firma de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en 1979, hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para que asegure “que las mujeres cuyos casos caen bajo alguno de los motivos legales para el aborto tengan acceso a servicios de atención médica seguros y a la correcta implementación de la norma oficial mexicana estándar NOM-046-SSA2-2005, especialmente el acceso de las mujeres víctimas de violación para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, el aborto y la anticoncepción de emergencia”.
En el caso de los Servicios Médicos Municipales que presta la capital del estado, según afirma su titular, Víctor Castañeda, se ha detectado la falta de atención a la norma oficial, incluyendo el llenado incorrecto de los partes médicos de mujeres que sufren violencia física, por lo que se han emprendido campañas de capacitación a los trabajadores.
«Tenemos más de 300 médicos pero no todos hacen partes de lesiones, sólo quienes están en urgencias, que en total serán unos 80 o 90 médicos y ya la mayoría, un 90%, tomaron el curso de actualización”, indicó.
Aunque Ramos Ponce reconoce que hay un mayor conocimiento de la norma, su aplicación sigue siendo bloqueada. Un ejemplo, en el estudio titulado Víctimas por partida doble: obstrucciones al aborto legal por violación en México, realizado en 2006 por la organización Human Rights Watch, se recoge lo siguiente:
“En ciertas ocasiones los funcionarios públicos desalientan de manera agresiva la realización de un aborto por violación, aun en el caso de que se tratare de víctimas muy jóvenes. Una trabajadora social de Jalisco señaló a Human Rights Watch: ‘Tuvimos un caso de una chica de once o doce años y el violador era su hermano (…) Sí pensó tener un aborto, pero se lo trabajamos psicológicamente y al final se quedó con el bebé. Su pequeño hijo-sobrino.”
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Servicio Nacional de Seguridad Pública, entre el 2010 y el 2013, en Jalisco se tuvo un registro de dos mil 964 casos de violación. Respecto al año en curso, hasta el mes de mayo el conteo alcanzó los 167 casos. La atención recibida por las víctimas, no obstante, es un misterio.
«No tenemos ningún solo registro de una Interrupción Legal del Embarazo después de una violación sexual, no tenemos documentados en cuántos casos se han dotado de antirretovirales, ni los casos en los que les han proporcionado la píldora del día siguiente. No existen esos registros porque no los proporcionan, porque no hay (atención)”, lamenta la representante del Cladem.
Para Ramos Ponce, el panorama para las mujeres jaliscienses víctimas de violencia sigue siendo muy poco alentador. Más allá de los servicios médicos, en las instituciones de impartición de justicia, el estigma a las mujeres violentadas sigue presente y expresiones como “la violaron por su culpa, ¡mira cómo anda vestida!”, salen a diario de la boca de funcionarios públicos.
Hay quienes viven violencia en las calles, en sus casas, entonces voltean a las instituciones y continúan siendo violentadas”, concluye.
