Rosa Rojas
La Jornada
México, DF. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula (CDBCCISMO), Michoacán, denunció, que para su comunidad «no ha habido justicia». No existe una sola persona encarcelada ni avance de investigación respecto a los 32 asesinatos y cinco desapariciones de comuneros perpetrados, afirman, por los Caballeros Templarios; «como tampoco ha pasado con los cientos de asesinatos y desapariciones de otros pueblos y comunidades de la región Costa Sierra de Michoacán».
La CDBCCISMO contrastó esta situación con el operativo en el que fueron detenidos 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, además del doctor José Manuel Mireles Valverde, por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública locales, así como del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
La comisión planteó lo anterior en escrito dirigido al Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a diversas organizaciones sociales, pueblos indígenas y al Congreso Nacional Indígena en el marco del quinto aniversario de la recuperación de sus tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan, el 29 de junio de 2009 y la reorganización de su Policía Comunitaria.
En el documento enfatiza que, «contrario a lo que pregona el Gobierno Federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está para nada resuelto y la estructura del crimen organizado, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas; asimismo los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, siguen libres».
Afirma también que la detención de los autodefensas «es continuación de la estrategia de desarme y desarticulación de las policías comunitarias, guardias comunales y grupos de autodefensa de la región Costa Sierra», como se intentó hacer el pasado 8 de febrero a los autodefensas de su territorio comunal y el intento de desarme de miembros de la autodefensa de La Placita el 19 de marzo. «Desarmar a los grupos de autodefensa de los pueblos y comunidades de la región Costa Sierra, incluida nuestra comunidad indígena de Santa María Ostula, significa permitir su cruel asesinato».
Por ello exige a los gobiernos federal y del estado el cese inmediato de los operativos para desarmar y detener a los miembros de las policías comunitarias, autodefensas y guardias comunales de las comunidades indígenas de la costa de Michoacán y de los grupos de autodefensa de los pueblos de la región Costa Sierra, así como la inmediata liberación de los presos de San Miguel de Aquila y los autodefensas detenidos el 27 de junio de 2014 en el poblado de La Mira.
Asimismo, la inmediata y urgente solución a su problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.
También presentación con vida de Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna y esclarecimiento del asesinato de los comuneros Pedro Leyva Domínguez, Diego Ramírez Domínguez, J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Crisóforo Sánchez Reyes y Teódulo Santos Girón entre otros comuneros asesinados, y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.
