- “A las víctimas les sembraron armas para simular que murieron en enfrentamiento”
- En su recomendación del martes señala la tortura a tres mujeres sobrevivientes para que no hablaran
Fernando Camacho Servín
La Jornada
Pese a que ya estaban rendidos y desarmados, al menos 15 presuntos miembros de una organización criminal –entre ellos dos menores de edad– fueron víctimas de ejecución extrajudicial en el municipio de Tlatlaya, estado de México, por parte de elementos del Ejército Mexicano el pasado 30 de junio.
Esa es la conclusión principal de la indagatoria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre esos hechos, tras los cuales tres mujeres sobrevivientes sufrieron tortura y amenazas de tipo sexual para impedir que hablaran, y donde los uniformados trataron de ocultar el delito.
En su recomendación 51/2014, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de México, el organismo detalló la forma en que 22 supuestos criminales perdieron la vida en la comunidad de San Pedro Limón, ubicada en Tlatlaya.
Con base en los testimonios de tres mujeres que estuvieron presentes en el lugar, la CNDH narró en el documento de 93 páginas que la madrugada del 30 de junio una unidad militar compuesta por ocho soldados detectó una bodega custodiada por un hombre armado.
Al darse cuenta de que habían sido descubiertos por los militares, las personas que se encontraban en la mencionada bodega abrieron fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos que duró entre cinco y 10 minutos.
Las tres sobrevivientes –al parecer dos mujeres que estaban secuestradas en el lugar, y la madre de una de las víctimas mortales– coincidieron en que los uniformados gritaron “¡Ríndanse, somos el Ejército! ¡Les vamos a perdonar la vida!”
Sin embargo, una vez que los soldados entraron al sitio y sometieron a los presuntos delincuentes –quienes “se rindieron fácil y soltaron las armas”–, empezaron a matarlos uno por uno, disparándoles cuando estaban contra la pared.
De igual forma, las testigos dijeron haber escuchado a militares que gritaban órdenes como “a los que estén vivos o heridos, vuélvanles a disparar” o “al que se mueva, mátalo”. Antes de ejecutarlos, ignorando sus gritos de clemencia, algunos de los efectivos castrenses dijeron a las víctimas “aguántense, ¿no que muy valientes?”
Fusilamiento
La comisión nacional concluyó que siete de las víctimas perdieron la vida durante el intercambio de disparos y 12 más fueron fusilados cuando ya se habían rendido. En el caso de los restantes tres, hay indicios de que sus cuerpos fueron movidos de lugar, por lo que se presume que también fueron ejecutados de manera extrajudicial.
La recomendación destaca también los actos de tortura, malos tratos e intimidación de carácter sexual que sufrieron las mujeres sobrevivientes, no sólo con la finalidad de forzarlas a autoincriminarse como parte de un supuesto grupo delincuencial, sino también para que no hablaran del fusilamiento.
Las testigos denunciaron que los militares las golpearon, las asfixiaron con una bolsa de plástico, les hicieron preguntas sexuales intimidatorias y las amenazaron con violarlas y hacerle daño a sus familiares, hasta que aceptaron firmar declaraciones autoinculpatorias sin haberlas leído.
Respecto del intento de encubrir la ejecución extrajudicial, la CNDH manifestó que hubo evidencias de que los elementos castrenses alteraron la escena de los hechos, movieron los cuerpos de su ubicación original y les “sembraron” armas con la intención de simular que todos habían fallecido durante un enfrentamiento.
Por último, el organismo lamentó que la PGR iniciara una investigación sobre el tema hasta el 23 de septiembre, pese a que la Procuraduría de Justicia mexiquense le remitió los documentos respectivos desde el pasado 3 de julio.
