Roberto Garduño
La Jornada
México, DF. El gobierno de EU a través del Departamento de Homeland Security (DHS) investiga a la empresa Sempra Energy, Inc., y funcionarios de distrito del sur de California por corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero y crimen organizado.
Una fuente del Homeland Security informó a este diario que los temas de investigación abarcan a diferentes funcionarios de distrito del sur de California, entre ellos, fiscales federales, agentes del FBI y personal del propio Departamento de Homeland Security (DHS), envueltos en una red de hechos delictivos, en complicidad con la empresa de energía Sempra Energy. Así, el gobierno ha tomado la determinación de llevar las investigaciones con personal ajeno al distrito sur de San Diego debido a la significativa cantidad de oficiales de alto nivel involucrados.
Entre los hechos anormales encontrados está la conducta sospechosa de la fiscal de Estados Unidos en San Diego, Laura Duffy, quien con sus resoluciones ha favorecido una red de intereses de personajes ligados a Sempra Energy y al crimen organizado.
En el año 2011, Sempra Energy fue demandada por su ex contralor Rodolfo Michelon, por cometer violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Según el diario Washington Post, en marzo de 2011 en una evaluación preliminar el FBI reportaba “que había amplios hechos e indicadores que reflejan que Sempra y sus ejecutivos podrían haber incurrido en actividades criminales”. Sin embargo, unos meses después el mismo, FBI presenta un reporte realizado por el bufete de abogados denominado “Jones Day” para quien trabaja Robert Brewer, contratado por Sempra Energy, en donde se exonera a dicha empresa, evadiendo su responsabilidad penal por presuntos sobornos en México.
El informe de marras fue aceptado por la fiscal Laura Duffy, cerrando la investigación sobre los directivos de Sempra y validado por Charles LaBella, Deputy Chief of Fraud Division, quien también fue abogado de Sempra Energy, Inc., junto con Alan Bersin, subsecretario de Homeland Security y encargado de los asuntos de la frontera en México, quien ha mantenido negocios con Elorduy Walter, en un proyecto llamado Silicon Border en el Municipio de Mexicali, como lo publicó este diario el año pasado.
En otro caso, el 24 de octubre del año pasado fue detenido por policías mexicanos en la ciudad de México el presunto narcotraficante Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, quien realizó grandes negocios con uno de los principales promotores de Sempra Energy, el mismo ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy. Sin embargo, 13 días antes -el 11 de octubre-, la misma fiscal que exoneró a Sempra, Laura Duffy, ordenó un desistimiento que le retiró los cargos al presunto narcotraficante para evitar ser requerido por la justicia norteamericana, después de que el gobierno de ese país ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares información sobre su paradero.
El segundo desistimiento por parte de la misma fiscal norteamericana se produjo a menos de 48 horas del arresto de Aguirre Galindo, bajo el argumento de que en el caso contra Manuel El Caballo Aguirre Galindo tiene ya más de 15 años, por lo que «Estados Unidos enfrenta retos que las evidencias y testigos disponibles no podrían aclarar en torno al caso».
Varias agencias de Investigación norteamericanas han documentado negocios entre el presunto narcotraficante y Elorduy Walter mediante la venta de terrenos y autos, pagados en efectivo, como alcalde de Tijuana en los años noventa y como gobernador panista hasta el año 2000. El caso más significativo es la venta de una propiedad por parte de Elorduy Walter a Manuel Aguirre Galindo, que se concretó el 18 de julio de 1985, de una superficie de 28 mil 589 metros cuadrados, ubicada en el municipio de Tijuana frente al Océano Pacífico por una cantidad de 60 millones de pesos, la cual fue revendida por Aguirre Galindo en el año de 1990, por una cantidad de 643 millones de pesos.
Las investigaciones revelan que Elorduy Walter como gobernador ilegalmente ayudó a Sempra Energy para obtener permisos de operación y terrenos, despojando a decenas de personas en el estado de Baja California, para construir una regasificadora en el municipio de Ensenada, teniendo como una de las principales operadoras de las acciones de dicha empresa a su hija Erika Elorduy Blackaller.
En el plano de ex funcionarios federales del gobierno mexicano, las investigaciones del Departamento de Homeland Security resaltan que Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, ilegalmente le otorgó permisos y concesiones a Sempra, sabiendo que era accionista de la empresa Sempra Energy, Inc., y parte de Consejo de Administración en EUA.Cometiendo violaciones al FCPA.
Téllez junto con Carlos Ruiz Sacristán habrían defraudado a tenedores de bonos de IENOVA, empresa de Sempra Energy, ocultando juicios que pondrían en peligro la operación de la regasificadora, los informes señalan que han pagado millones a intermediarios jurídicos para que hablen con magistrados, jueces y ministros ligados al PAN, y han manejado empresas en el extranjero operando una red de lavado de dinero a través de estas llamadas offshore en paraísos fiscales.
En los Estados Unidos, Sempra Energy es investigada por el mismo delito de haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al Departamento del Tesoro, y al SEC “Security & Exchange Commission, quien reabrió una investigación en abril de este año por corromper autoridades en México en las dos administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón.
Un duro golpe que en los últimos días ha sufrido IENOVA, la empresa de Sempra en México, es el anuncio del 29 de julio del presente año del gobierno mexicano del compromiso para establecer una alianza estratégica con las firmas Mercuria y J.P. Morgan para importar gas natural a México desde Estados Unidos a un precio mucho más barato al que actualmente suministra Sempra a la CFE. Este anuncio ha preocupado a los directivos de Sempra y a los tenedores de la Bolsa de Valores embaucados por los directivos de Sempra y su socio estratégico Luis Téllez.
Dentro del cúmulo de evidencias se encuentra el involucramiento de oficiales norteamericanos del FBI, fiscales federales y de DHS, ex agente y jefe del FBI en San Diego, Daniel Dzwelietzki, quien ahora trabaja desde 2007 como jefe de seguridad de Sempra Energy y quienes conspiraron para ocultar y cerrar cualquier investigación en contra de Sempra.
La investigación, que se reveló a este diario, advierte de depósitos multimillonarios en paraísos fiscales en Antillas Holandesas y ramificaciones por todo el mundo, que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más grande en la historia de EU. Por las señales que se han empezado a manifestar y la seriedad con que se lleva a cabo la investigación en Estados Unidos, todo indica que en la administración del presidente Barack Obama están decididos a actuar con todo el peso de la ley tratando de establecer un control de daños y evitar en la medida de lo posible un fuerte impacto en el sistema financiero de ese país.
En las investigaciones también existe un audio, cuyo texto completo fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces Jorge Carlos Ramírez Marín, actual secretario de la Sedatu, y que envuelve a ejecutivos de Sempra encubriendo una serie actos criminales.
Los audios grabados por el ex contralor de Sempra Rodolfo Michelon, a quien la empresa ha demeritado en varias ocasiones, abarcan a una serie de ejecutivos envueltos en una red de corrupción para distribuir “maletas de dinero en efectivo en medio de la noche” y donativos generosos a los alcaldes de Ensenada y oficiales de los gobiernos panistas.
La red no acaba allí, sino que se extiende a firmas de abogados y contadores, quienes aceptaron falsear los informes financieros de Sempra Energy, Inc.
La investigación revela que México ha empezado a tomar cartas en el asunto de manera bilateral, esperando que EU actué de inmediato contra quienes no dudaron en violentar la ley y los derechos de los ciudadanos mexicanos.
