Peones, alfiles y hasta el “rey” de la llamada Cuarta Transformación (4T), serán los primeros en sufrir las consecuencias del engendro censor que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Congreso –incluyendo de facto al PRI y AN–, aprobaron por unanimidad el pasado 30 de junio para servir a los designios de la oligarquía extranjera en el nuevo “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá” (T-MEC). Aunque la “reforma” va dedicada a las voces incómodas de periodistas independientes y auténticos medios alternativos en Internet… la 4T acaba de darse un balazo en el pie.
Se trata de la “reforma” a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) –que incluye modificaciones al Código Penal–, aprobada este martes por iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, quien, cabe recordar, ha sido objeto de “fuego amigo” desde las filas de su partido –Morena– por exhibirse recientemente con Carlos Loret de Mola, alias “Lord Montajes”, en una entrevista obsequiosa y zalamera para legitimar el proyecto LatinUS, encabezado por Loret, y cuyo propietario es el perredista Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles. No obstante, esas mismas voces que mejor debieron hostigar a Monreal para obligarlo a retirar su iniciativa monstruosa de censura a contenidos en Internet, callaron entonces como callan ahora sobre el asunto. ¿Por qué?
Entre otras disposiciones arbitrarias, la mencionada “reforma” incluye una copia al carbón del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una mecanismo legal estadounidense aprobado en 1998 para criminalizar la diseminación por cualquier medio electrónico de obras protegidas por derechos de autor, según se establece en diversos tratados internacionales de “protección a la propiedad intelectual”.
Básicamente, la legislación DMCA responsabiliza a los proveedores de servicios de Internet por cualesquiera violaciones a derechos de autor que cometan sus clientes. Sin embargo, dicha ley permite a esos proveedores evitar acciones legales en su contra mediante una simple acción: eliminar los contenidos señalados como violatorios, sin pruebas ni investigaciones de por medio. Basta con que reciban una queja –“notificación”– redactada en los términos establecidos por el propio mecanismo DMCA, para quedar automáticamente facultados a retirar el contenido señalado como infractor. Si dicha queja es inválida y el contenido eliminado en realidad no violentaba ningún derecho de autor, el DMCA impide que las empresas proveedoras de servicios sean demandadas.
En resumen: si un proveedor de servicios de alojamiento web, GoDaddy por ejemplo, recibe una queja DMCA de quien sea, está obligado a eliminar el contenido indicado en la queja sin mediar palabra. Por si fuera poco, el proveedor queda protegido por la “ley” si la queja era falsa y el contenido no violaba ningún derecho. Esto aplica también para Twitter, Facebook, Instagram, Youtube (Google), proveedores de Internet y cualesquiera otras plataformas que involucren la difusión de contenidos en Internet.
Miles de creadores de contenido en todo el mundo, principalmente organizaciones civiles, periodistas independientes, medios alternativos –incluyendo a NOTIGODÍNEZ– activistas y luchadores sociales, han enfrentado actos bárbaros de CENSURA derivados del abusivo mecanismo de “notificación y retirada”, pero podían evitarlo recurriendo a proveedores que no estuvieran sujetos a las disposiciones del DMCA. En México, esa alternativa ha quedado anulada por cortesía de la “reforma” a la LFDA para implementar ese mecanismo inconstitucional de censura en nuestro país.
Nótese la abrumadora votación con cero sufragios en contra y sólo dos abstenciones –una de ellas por ausencia de uno de los “diputados” que abandonó el pleno durante la sesión. No hubo oposición de Morena y sus aliados, los mismos que en 2015, cuando eran minoría en el Congreso, rechazaron con vehemencia la “Ley Beltrones” y la “Ley Fayad”, logrando frenarlas con el apoyo masivo de las redes sociales. Hoy queda claro que aquel “activismo” fue pura simulación.
El caso de Morena es el colmo, pues dicha “reforma” aprobada por todos sus “legisladores” –excepto una que se abstuvo de votar– perjudica directamente a sus bases en Internet. Pasquines dedicados en cuerpo y alma a defender al régimen de AMLO, periodistas alineados a la 4T, opinadores y hasta sus ideólogos de “alto rango” que ya han sido censurados antes de la imposición de ese engendro legislativo en México, lo serán más a partir de ahora.
Atención‼️
👉Continúa la censura en Facebook, ahora tocó turno a nuestro amigo @_VicenteSerrano de #SinCensura
El equipo de #SinLineaMx expresa su apoyo y solidaridad. #NoNosCallarán 👊 pic.twitter.com/ooXuPjHqXH— SinLínea.Mx (@SinlineaMx) October 29, 2019
Un caso irónico es el de Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) –aliado de Morena– y eminente defensor de los derechos del pueblo desde la tribuna parlamentaria. Sólo tres días antes de que se aprobara la “reforma”, denunció una campaña de censura en la plataforma Youtube a las charlas que transmite en vivo casi todos los días.
Aclaro que vivo una ofensiva de censura ilegal y abusiva de @YouTubeMexico. Van tres charlas al hilo: una sobre la visita a Washington del compañero presidente, que ya restituyeron. Ayer, sobre el atentado, que no han restituido y hoy, censuraron la charla sobre quién es Calderón
— Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 28, 2020
Estrictamente hablando, la censura contra Noroña no es “ilegal”. Por lo que pudimos investigar sobre el caso, una de esas charlas fue removida debido a que su dispositivo de grabación captó un audio protegido por derechos de autor mientras transmitía. Al ser una plataforma basada en Estados Unidos, Youtube está sometido al DMCA y debe, por tanto, eliminar contenidos que “infrinjan” esos derechos aunque sea por accidente.
Semejante aberración no existía en México hasta el pasado 30 de junio. Con la “reforma” a la LFDA, ahora las empresas mexicanas también están obligadas a acatar el mecanismo de “notificación y retirada”, es decir, a censurar todo tipo de contenidos digitales, incluyendo sitios web enteros, si reciben una queja por violación a derechos de autor, sea válida o no. Curiosamente, Fernández Noroña y sus demás compañeros del PT –los que asistieron a aquella sesión– votaron todos a favor de dicha “reforma”.
Hasta el propio López Obrador ha sido censurado en Youtube por el tema de los “derechos de autor”:
Cabe mencionar que la organización internacional de defensa de la libertad de expresión y el periodismo, Artículo 19, colaboraba desde hace meses con “diputados” para legislar alternativas de protección a esos derechos sin recurrir a la censura. No obstante, tal como lo denunció la propia organización, los “legisladores” simplemente dieron la espalda a esos trabajos y aprobaron las mencionadas “reformas” contrarias a todo lo que se había negociado.
Aunque ya debería haber quedado claro –desde hace años– que por la vía institucional no se resolverán los grandes problemas del país, sino al contrario, se está pidiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los “diputados” que interpongan una acción de inconstitucionalidad contra sus propias “reformas” ante la Suprema Corte de [in]Justicia de la Nación. Desde luego, este medio alternativo apoya la exigencia pese a que sabemos que no será atendida. Como otros tantos engendros del nefasto “reformismo” a la mexicana -vandalizar la Constitución para “legalizar” abusos y delitos–, este nuevo atentado a nuestros derechos constitucionales llegó para quedarse, a menos, claro, que el pueblo reaccione como debió hacerlo desde hace décadas para recuperar esos derechos… y su dignidad.
Ilustración (fondo): MyPress.mx
