- Les sembraron armas y drogas, los torturaron y amenazan a sus familias
- Son “presos políticos”; el gobierno quiere que la sociedad ceda en su lucha: Salvador Molina
Morelia, Mich.
Sufrieron tortura, fueron incomunicados, les sembraron armas y drogas, nunca se les permitió hacer una llamada, y todos por igual, aseguran además, estar sufriendo las consecuencias de la falta de un “debido proceso”. Los 320 autodefensas que han sido detenidos antes y después del 10 de mayo y recluidos en distintos penales del país se declaran “presos políticos”.
La petición de una amnistía que otorgue la extinción de responsabilidad penal a quienes se “levantaron” en armas contra el crimen organizado es una nueva exigencia de su defensa.
“Todos son presos políticos, no son delincuentes”, dice su abogado Salvador Molina, en entrevista con La Jornada. “El gobierno los está utilizando para presionar a la sociedad y mandar un mensaje para que los ciudadanos cedan en su lucha. Pretenden vender la idea de éxito, pero tienen las cárceles llenas de autodefensas y no de templarios. Alfredo Castillo los ve como enemigos, cuando podrían ser sus mejores aliados. Dicen que los detuvieron por seguir armados, pero todos tenían sus armas registradas. Además todo está mal. Hay graves violaciones al debido proceso de cada uno: tortura, intimidación, les sembraron armas y drogas con detenciones ilegales…”
“Como animales”
Son las 10 de la mañana y en el penal General Francisco J. Múgica los más de 150 autodefensas van llegando al auditorio. Algunos usan la camiseta blanca que identifica su movimiento. Se sientan, están deseosos de contar sus historias, se interrumpen unos y otros; habla Héctor López Andrade, de 30 años de edad, originario de Parácuaro, agricultor, casado, con tres niñas:
“Fuimos torturados. Nos trataron como animales. Nos amarraron de pies y manos. En mi caso, también me vendaron los ojos para trasladarme. Ya en la Procuraduría de Justicia de Morelia, me encerraron en un cuarto y me golpearon mucho, me pusieron una bolsa en la cabeza para ahogarme y una chicharra eléctrica en los testículos y entre las piernas. Me amenazan de muerte y con matar a mi familia. La tortura empezó a las seis de la mañana y terminó a las siete de la tarde. A fuerza querían que declarara contra el doctor Mireles.”
Su historia es muy parecida a la de sus compañeros encarcelados. Todos fueron incomunicados más de 72 horas, no se les permitió hacer una llamada y, bajo tortura, se les obligó a declarar el uso de unas armas que nunca habían visto, ya que las suyas, debidamente registradas y cuyos certificados mostraron como prueba, “fueron extraviadas” por las autoridades.
La mayoría de los 320 presos están en los tres penales de esta ciudad, pero también fueron distribuidos en penales de máxima seguridad en Veracruz, Jalisco y Sonora, entre otras ciudades, acusados de “violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. A otros les imputan delitos contra la salud (por la droga supuestamente sembrada) y “asociación delictuosa y delincuencia organizada”.
Eleazar Rubio Silva, detenido junto al doctor José Manuel Mireles el pasado 27 de junio en La Mira, junto a otros 52 autodefensas –todos recluidos en este mismo penal–, interviene: “Nos drogaron los primeros tres días. Algo le ponían al agua y a la comida. Todos experimentamos después de la comida somnolencia y mareo, nos quedamos profundamente dormidos en el piso y nos despertaron al otro día para que reconociéramos unas armas que nunca habíamos visto”.
Y añade: “Nos entregaron a la policía ministerial. Fue la que nos torturó durante varios días. Cuando me detuvieron, me hicieron pasar las penas negras. Me llevaban en una camioneta amenazándome con fusilarme, me ponían la pistola en la cabeza, me gritaban que me iban a lanzar a los cocodrilos. Todas nuestras pertenencias se las robaron. Y me golpearon mucho”.
La traición
La rutina de la cárcel ha modificado totalmente sus vidas. La mayoría son campesinos, ganaderos, productores de limón, aguacate o mango. Los autodefensas presos tienen dificultades económicas para seguir manteniendo a sus familias, que viven en sus comunidades y ahora están sufriendo el acoso y las amenazas de los templarios.
Señalan que se sienten traicionados por el gobierno, porque nunca dejaron de tenerlo como interlocutor, incluso antes y después de sus detenciones, sostuvieron largas charlas con todos los actores del Estado.
El empresario minero Rogelio Ramos, de 62 años, fue detenido junto al doctor José Manuel Mireles en La Mira el pasado 27 de junio: “Yo estaba comiendo con Mireles. Habló por teléfono con el ex gobernador Fausto Vallejo y él le dijo textualmente: ‘Toma Lázaro Cárdenas, no tomes Morelia, porque no te la puedo dejar”. Fue una vil traición. Aquí no hay ningún preso que no tenga un muerto, un desaparecido, un levantado o un caso de extorsión. Ni uno solo. Hay cosas absolutamente negras, terribles y por eso nos levantamos en armas. Tenemos derecho a defendernos”.
Algunos, como José Luis Martínez Aguilar, sufren las secuelas de la tortura. Durante su cautiverio le rompieron varias costillas. Originario del Madrigaleño en el municipio de Aquila, se integró a las autodefensas porque durante 2013 su comunidad entera fue privada de la libertad por los templarios: “No nos dejaban entrar y salir. No podíamos subir víveres, no teníamos qué comer, si alguien enfermaba no podía ir al doctor. Cuando nos alzamos en armas, limpiamos la zona de la maña, pero desgraciadamente el gobierno nos traicionó. Queremos nuestra libertad, queremos que nos ayuden”.
Cuentan que los vehículos que traían cuando los detuvieron estaban en paradero desconocido, hasta que sus familias les dijeron hace unos días que ahora son usados por el crimen organizado: “Ya los traen los templarios, ya fueron a disparar a nuestras casas, contra nuestras familias, están atacando nuevamente a nuestro pueblo, porque saben que el gobierno nos mantiene presos”, comenta Ricardo Gamiño, habitante de Caleta de Campos, cuyo hermano fue desaparecido hace cuatro años y recientemente encontrados sus restos.
“Nuestro movimiento fue al principio y siempre será pacifico”, dice Antonio Sánchez Sánchez, originario de La Mira, quien asegura que el gobierno les mintió y la prueba es que los mantiene encarcelados. “Hay mucha corrupción e inseguridad en Michoacán y fue la única salida. Castillo nos ha engañado a todos. Queremos que se nos haga justicia porque los verdaderos criminales están fuera y los inocentes que queremos un pueblo limpio de templarios estamos presos”.
Algunos de los detenidos han ido saliendo luego de tres, seis o nueve meses. El abogado Salvador Molina no tiene duda sobre el futuro: “Hay excluyentes e incriminación. Ya tenemos sentencias absolutorias a otras autodefensas a quienes no se les pudo acusar porque hay violaciones a los derechos procesales, a los derechos humanos, las garantías individuales y pruebas ilícitas e ilegales, falsedad en los hechos, errores garrafales que se cometieron en las averiguaciones previas. Conforme a derecho deberían estar libres”.
Las tres hijas de Héctor López Andrade se muestran tristes por la ausencia de su padre. Están acompañadas por su tío Alejandro. Han llegado hasta Apatzingán para visitar a su abuela. Son una familia dedicada a la producción de limón y plátano.
Tiene la copia del registro de armas otorgado por la Sedena, un documento que no fue tomado en cuenta: “Las niñas están muy afectadas, se agarran a llorar, igual que todas las familias de los presos. Ellos son inocentes. Tenemos las pruebas de su inocencia. Mi hermano firmó una declaración con mentiras porque fue brutalmente torturado, todavía tiene las marcas. Exigimos la libertad de todos. Ahora vivimos peor que antes. Es el mismo cochinero”.
