Jair García
La Jornada
Los servicios públicos que brinda el gobierno estatal como educación y salud, podrían pasar a manos de la iniciativa privada, en base a lo que plantea la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz, enviada al Congreso local por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El objetivo de dicha ley es regular la participación del sector privado en servicios que otorga el gobierno y construcción de infraestructura.
Dentro del texto, se establece que puede ser concesionado cualquier tipo de servicio brindado por la administración estatal, sin poner restricciones a rubros como la educación o la salud, por lo que igualmente quedan incluidos.
La propuesta del mandatario estatal fue recibida durante la sesión de la Diputación Permanente; tal iniciativa pretende dar certeza jurídica a los acuerdos para que el sector privado invierta en la construcción y operación de carreteras y puentes; construcción y administración de puertos y aeropuertos; construcción y operación de sistemas de transporte masivo.
De igual forma para la construcción y operación de sistemas de agua potable y saneamiento; y construcción y administración de la infraestructura para la generación de energía eléctrica o para el desarrollo urbano.
El Ejecutivo Estatal recordó que el estado ha sido pioneros en el marco regulatorio de las relaciones entre los sectores público y privado, al contar desde 2007 con una Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.
Sin embargo la complejidad de este tipo de asociaciones, requiere ampliar el marco actual y dar certeza jurídica ante los nuevos esquemas de asociación público-privada.
“Este proyecto de Ley surge de la convicción de que no basta la estabilidad social y política, así como la promoción incesante de la inversión y la buena planeación; a todo ello, es necesario agregar un elemento primordial que permita alcanzar un sólido desarrollo con visión de largo plazo: la certeza jurídica”, establece el texto.
De aprobarse, la nueva ley dará el marco jurídico de la participación del capital privado en la prestación de los servicios públicos que deben ser atendidos originalmente por el gobierno y establecerá los lineamientos de cómo la iniciativa privada pueda participar en el desarrollo y operación de infraestructura.
Se contempla la creación de figuras del tercero especializado y la gerencia especializada de proyectos en dependencias, entidades o los municipios, los cuales tendrán los elementos y el apoyo necesarios para decidir casuísticamente acerca de la necesidad de concursar los proyectos o adjudicarlos de manera directa siempre ejerciendo controles.
En general, según la iniciativa, puede ser empleado en cualquier área de gobierno que requiera el desarrollo de infraestructura, equipamiento o la prestación de un servicio público.
Justificó esta propuesta con base en las circunstancias actuales del país y particularmente del estado de Veracruz, que obligan a proponer alternativas viables para la reactivación económica, sin esperar que en otra parte se generen condiciones que repercutan favorablemente en el incremento de nuestra producción de bienes y servicios.
