El Estado somos todos, nos guste o no. Que lo tengan secuestrado una bola de delincuentes (y nosotros, pendejos lo permitamos) no significa que «el Estado» sea por sí mismo delincuencial. Lo que hay que hacer es LIMPIAR AL ESTADO DE LOS BRUTOS ASESINOS QUE LO MANTIENEN TOMADO. LIMPIARNOS A NOSOTROS MISMOS DE LAS SANGUIJUELAS QUE NOS ESTÁN EXPRIMIENDO. Culpar al Estado es una trampa conceptual muy peligrosa. Y es lo que está pasando aquí: van a demandar «al Estado» para que sean compensados económicamente… con dinero público. Y que los delincuentazos que ordenan la represión, la violencia y los asesinatos, que sigan delinquiendo mientras el pueblo le echa la culpa «al Estado».
Fernando Camacho Servín
La Jornada
México, DF. Las 11 personas detenidas tras la marcha del pasado 20 de noviembre, quienes fueron enviadas a penales de alta seguridad y luego puestas en libertad por falta de pruebas, le exigirán a las autoridades mexicanas la reparación integral del daño por la detención arbitraria, golpes, tortura sicológica y tratos crueles de los que fueron víctimas, indicaron las organizaciones sociales que le dieron asesoría legal a los imputados.
“Presentaremos una demanda de reparación del daño ante el Estado mexicano, que incluya una disculpa pública y las renuncias de los funcionarios involucrados, llámese el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, o el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida”, señaló Armando Barrera, de la asociación civil Cauce Ciudadano.
David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, confirmó que la demanda de responsabilidad patrimonial en contra de las autoridades será presentada en un par de semanas.
De igual manera, los defensores de los 11 ciudadanos liberados presentarán una denuncia por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que deberá practicar esta misma semana algunas revisiones físicas como parte del Protocolo de Estambul para confirmar esas acusaciones.
Por su parte, Carlos Cruz, director general de Cauce Ciudadano, denunció que varios de los activistas que participaron en la defensa de los inculpados han empezado a recibir amenazas telefónicas, y exigió que cese la campaña de difamación contra los abogados de la ANAD, quienes han sido calificados como “defensores de delincuentes”.
