Verónica Espinosa
Proceso
GUANAJUATO, Gto., (apro).- La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos recomendó al alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, disculparse públicamente con la periodista Karla Janeth Silva Guerrero y cubrir el monto de los gastos por atención médica y psicológica erogados tras la agresión que la reportera del periódico El Heraldo sufrió en septiembre pasado, a manera de reparación del daño.
Karla Silva fue golpeada y amenazada –junto con su compañera Adriana Elizabeth Palacios– por tres hombres supuestamente enviados por el director de Seguridad Pública Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero, para advertirle que le bajara a sus notas sobre la administración municipal que encabeza Benjamín Solís.
En la conclusión del expediente 222/14-A que dio a conocer este viernes, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera emitió siete recomendaciones dirigidas al alcalde priista, quien previo a la agresión habría expresado a la reportera su malestar por su trabajo periodístico.
El ombudsman señaló omisiones institucionales que vulneraron el derecho a la Libertad de Expresión de Karla Silva, al confirmar que se trató de un ataque en represalia y amedrentamiento por su labor informativa.
“La oficina del ombudsman advierte como resultado del caudal probatorio que se obtuvo, que la administración pública municipal de Silao, no cumplió con la obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en riesgo pues se acreditó que Karla Janeth Silva Guerrero informó a Jorge Alejandro Fonseca Durán, entonces Coordinador Operativo de la Policía Municipal de Silao, Guanajuato, hechos que indicaban una situación de riesgo, circunstancia que fue ignorada por el servidor público”.
Fonseca Durán fue posteriormente detenido y se encuentra sujeto a proceso judicial, tras ser señalado en las indagatorias de la Procuraduría de Justicia como uno de los que intervinieron en la agresión, al contactar y encargarse de mover a los autores materiales hasta las oficinas del periódico, donde Karla fue golpeada y ella y su compañera Adriana Palacios, amenazadas.
Además, la PEDH analizó un total de 233 notas informativas publicadas por la reportera en El Heraldo de León, de las cuales, más del cincuenta por ciento se refieren a la administración municipal de Silao.
De éstas, la mayoría “contienen alguna expresión crítica, ya sea emitida o recogida por Karla Janeth Silva Guerrero, en contra de la administración pública, lo que indica que en los tres meses previos a su agresión, casi la mitad de las notas publicadas (por la reportera) contenían algún elemento de crítica hacia la administración municipal silaoense”, señala la recomendación.
Además, entre las pruebas se incluyen testimonios de varios momentos en los que la comunicadora y el alcalde de Silao “tienen diferencias por cuestionamientos y las respuestas que se formulan dentro de varias entrevistas”.
A esto se suma la declaración de otro periodista que cubría la fuente del gobierno municipal silaoense, quien también denunció haber sido víctima de amenazas por parte del alcalde durante el desempeño de su labor informativa.
La PEDH concluyó: “existen elementos de prueba suficientes que permiten establecer cuando menos de manera indiciaria, que las lesiones, robo y amenazas en cuestión son parte de una acción con participación de agentes municipales y que no tenía como fin un ataque simple al derecho humano a la integridad de Karla Janeth Silva Guerrero, sino como represalia y amedrentamiento por la labor periodística que desempeñaba…existió una acción desplegada en la que tuvieron participación funcionarios públicos municipales y que la misma tenía como fin impedir el goce del derecho humano a la libertad de expresión”.
Por ello, en caso de aceptar las recomendaciones, el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola deberá emitir una disculpa pública y ofrecer garantías de la no repetición de los hechos; capacitar a los cuerpos policíacos en el respeto a la Libertad de Expresión, como formular políticas de comunicación social que respeten el trabajo periodístico y aplicar las sanciones proporcionales al daño cometido por los funcionarios de su administración involucrados en la agresión.
La indemnización pecuniaria es recomendada para cubrir la atención médica y psicológica necesaria para atender las secuelas sufridas por la periodista.
