Ciro Pérez Silva
La Jornada
México, DF. Lejos de incorporar iniciativas de movilidad humana como parte de la vida comunitaria, los gobiernos de México y Estados Unidos continúan criminalizando a quienes por ausencia de oportunidades optan por migrar, advirtieron la Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés) y los comités del Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Puebla de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.
Sostienen que la crisis que enfrentan actualmente los gobiernos de ambos países ante la salida, tránsito y arribo de niños y niñas migrantes es consecuencia de una política intencionada de desmontar el campo y la producción primaria en las comunidades de origen, e incentivar la integración de mercados regionales, cuyas consecuencias innegables son la migración, subempleo, tráfico de mercancías y personas.
“Los Estados Unidos de América, diseñó y motivó esta política, las autoridades de México y Centroamérica la ejecutan mansamente y hoy ninguno de estos gobiernos asume la responsabilidad de sus acciones y consecuencias que sufren las personas migrantes y sus familias”, acusaron.
Destacan que en el presente año, el gobierno de México ha detenido a 4 mil 239 niños, niñas y adolescentes no acompañados, lo cual representa casi la mitad de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron detenidos en 2013, situación que “obliga un diálogo regional urgente y una respuesta coordinada, basada en garantizar los derechos de estos niños y proteger de manera responsable su bienestar antes, durante y después del proceso migratorio”.
Esta situación, agregan, se agrava en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de niños, niñas y adolescentes migrando sin su tutor legal están siendo aprehendidos. Este país ha sido testigo de un incremento mayor al 90 por ciento respecto a los años previos, con más de 57 mil niños, niñas y adolescentes no acompañados siendo aprehendidos desde octubre de 2013”, subraya la IDC.
Por ello, comités de Familias Migrantes reiteraron el llamado a la sociedad civil a detener la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes no acpmpañados, tras externar su “profundo desacuerdo con la política de deportaciones implementada por los gobiernos de México y Estados Unidos ante el incremento del arribo de niños y niñas migrantes mexicano/as y centroamericano/as a territorio estadounidense. Desde hace 20 años, familias de migrantes denunciamos y viviendo las causas de la migración forzada, desarraigo, separación familiar y criminalización de migrantes no es reciente, producto de políticas dirigidas a la deportación y criminalización hacia migrantes”.
60 integrantes de la Asamblea Nacional de Familias Migrantes que conforman los comités del Distrito federal, Guerrero, Migrantes de Retorno, Oaxaca y Puebla, “expresan su preocupación por las políticas implementadas por el gobierno mexicano y estadounidense entorno a la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes que acontece en la región fronteriza, señalan que la migración forzada no es un hecho reciente y está estrechamente relacionada al contexto de marginación del campo en comunidades de origen”.
