Carlos Fernández-Vega
La Jornada
o que en diciembre de 2013 fue una advertencia, hoy toma forma de realidad. En aquella fecha las corrientes opositoras a la privatización petrolera reclamaban airadamente porque, decían, uno de los objetivos de la «reforma» energética era el desmantelamiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para dejar libre el camino al capital autóctono y trasnacional que, tras cinco intentonas (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón), por fin clavaría los colmillos en el oro negro otrora nacional.
En diciembre de 2013 todo era fiesta en Los Pinos y zonas conurbadas, pues sólo les tomó una semana promulgar la «reforma» energética, luego de la aprobación en el Congreso federal y lo propio, vía fast track, en los estatales (en el caso de los cámaras de Querétaro y Veracruz el palomeo por parte de los levantadedos apenas consumió diez minutos). Todavía Peña Nieto se dio el lujo de presumir que «los mexicanos hemos decidido superar mitos y tabúes para dar un gran paso hacia el futuro a través de sus instituciones democráticas», mientras Manlio Fabio Beltrones, en ese entonces coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro (hoy al frente del partido), ácidamente reclamaba a los opositores por ser, dijo, «hipócritas nacionalistas».
Pues bien, a casi dos años de distancia, y más allá de los fallidos augurios oficiales de que con la «reforma» energética todo sería miel sobre hojuelas («progreso», «inversión multimillonaria», «empleo abundante y bien remunerado», «recuperación al 100 por ciento de las reservas» y lo que se quede en el tintero), todo indica que los «hipócritas nacionalistas» (Beltrones dixit) tenían toda la razón.
Se desplomaron el precio del barril, la exportación, la producción, la capacidad de refinación, el ingreso por ventas internas y foráneas, el presupuesto de las ahora empresas productivas del Estado, la inversión gubernamental en ellas, la recuperación de reservas petroleras, la perforación de pozos, debieron «reorientar» los términos de la ronda uno, Pemex rechazó 95 pozos petroleros asignados «por falta de recursos» financieros, y mucho más.
En cambio se disparó la deuda (89 por ciento en lo que va del sexenio peñanietista), al igual que el pago de intereses, las pérdidas (180 por ciento de aumento tan sólo en el tercer trimestre del año), la importación de crudo (México vuelve a hacerlo tras 41 años) y refinados, la corrupción y mucho más.
Entonces, ¿qué fue de aquellas empresas productivas del Estado que, según promesa oficial, competirían «en igualdad de condiciones» con las voraces trasnacionales del ramo y los muy apachados consorcios nacionales marca Forbes, sin experiencia alguna en materia petrolera y eléctrica, pero puestísimos para quedarse con una gruesa rebanada de la renta petrolera y una porción más de la riqueza nacional?
Pues todo apunta a que, como lo entienden en el gobierno peñanietista, la «igualdad de condiciones» en realidad es el desmantelamiento productivo de las empresas del Estado y su «reconversión» a meras facilitadoras de negocios para el capital privado y comisionistas, es decir, lo que los «hipócritas nacionalistas» advirtieron dos años atrás.
Como se comentó en este espacio en días pasados, el ejemplo más reciente lo aporta Pemex: primero anunció que México regresaba a 1974, cuando no era autosuficiente en petróleo (ahora importa crudo ligero de Estados Unidos). Más adelante, que el consorcio encabezado por Emilio Lozoya «regresará» al Estado 95 pozos petroleros, adjudicados en la ronda cero, porque carece de recursos para hacerlos producir. Y lo reciente, que «ofrecerá a las empresas (privadas) que resulten ganadoras de la licitación de la ronda 1.3 la comercialización de los hidrocarburos que se produzcan en dichos campos», es decir, de productora pasa a intermediaria, ya no se dedicará a incrementar la renta petrolera ni las reservas de crudo, sino a transportar y comercializar el petróleo mexicano que otros produzcan, y cobrará comisión por representar a consorcios e intereses que no son los de la nación.
Y mientras dejan de producir y generar ingresos para la nación, al tiempo que arman negocios para terceros y «garantizan la seguridad energética de nuestros principales socios» (léase el vecino del norte), las ahora empresas productivas del Estado no dejan de aumentar sus por sí voluminosas deudas, las que –esas sí– pagan todos los mexicanos. ¿Serán esos los «tabúes y mitos superados»? (EPN dixit).
Y para continuar optimistas con las prometidas mieles de la «reforma» energética, «Pemex procesaría en 2015 la menor cantidad de barriles de crudo por día en los últimos 25 años, según documentos vistos por Reuters, en medio de una serie de paros y accidentes que han golpeado la actividad de sus refinerías. De acuerdo con datos contenidos en los documentos, Pemex procesaría en sus seis refinerías un millón 92 mil de barriles por día, la cifra más baja desde que se tienen registros públicos en 1990. En lo que va de 2015 la empresa ha refinado incluso menos de lo proyectado para el cierre del año: un millón 58 mil barriles por día, de acuerdo con sus cifras».
A lo largo de 33 años el gobierno federal dijo que «no es negocio» construir refinerías ni ampliar la capacidad de refinación, porque «es más fácil importar los petrolíferos». La más «joven» del sistema nacional de refinación data de 1979. No construyó una planta más, pero sí disparó la importación de gasolinas, diésel y otros combustibles.
Tras la aprobación de la «reforma», y como por arte de magia, el gobierno peñanietista anunció que sería el capital privado el que construiría refinerías en el país, porque ahora sí es negocio. Mientras ello sucede, la agencia Reuters revela que «Pemex procesa menos petróleo, y la eficiencia de sus refinerías bajaría 63 por ciento este año frente a 77 por ciento de hace cinco años. Esta cifra estaría muy por debajo de sus pares en Estados Unidos, con 89 por ciento; Europa, con 80 por ciento, e incluso de competidores en América Latina como Venezuela, con 71 por ciento y Brasil, con 88 por ciento».
Las rebanadas del pastel
Entre la aprobación de la «reforma» energética, su promulgación y la fiesta en Los Pinos por el «éxito histórico» apenas transcurrió una semana, pero en materia salarial, con todo y la desindexación del mini ingreso, el gobierno y los congresos estatales actuarán estrictamente bajo el precepto filosófico de Clavillazo («la cosa es calmada»), de tal suerte que si saben contar, pues simplemente no cuenten con un «aumento» más allá de los tradicionales 2-3 pesitos para 2016.
