Juan Alberto Cedillo
Proceso
Guardias privados de Minera Penmont que llegaron a El Ejido El Bajío para intimidar a los campesinos. Foto: Especial
Saltillo, Coah., (apro).- Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que, pese a las resoluciones dictadas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la compañía minera estadunidense Penmont continúa saqueando sus tierras con el apoyo de autoridades federales.
El abogado de los ejidatarios, Jesús Thomas González, precisó que representantes de la empresa que controla la mina “La Herradura” arribaron “de manera furtiva al ejido con guardias de seguridad privados y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) para continuar robando una solución cianurada”.
Los guardias de seguridad y los agentes de la PGR “intimidaron a los ejidatarios mientras los trabajadores de la mina cortaban una manguera para retirarla, pero solo lograron cortar algunas secciones porque al final los ejidatarios lo impidieron”, subrayó en entrevista con Apro.
La manguera de 12 pulgadas de diámetro y 8 kilómetros de largo sirve a la empresa minera para sustraer la solución cianurada.
Desde agosto pasado, la minera Penmont –una coinversión entre el grupo mexicano Peñoles (56%) y Newmont Gold Co (44%), de Estados Unidos– comenzó a retirar del Ejido la solución que se utiliza para extraer oro de mineral de baja calidad, pese a que ahora pertenece al ejido, según la resolución del TUA.
En julio de 2013 los campesinos ganaron una demanda a Pernmont y a partir de entonces el TUA número 28 ordenó el desalojo de más de tres mil hectáreas de tierras que la minera se había apropiado ilegalmente, y prohibió retirar minerales en cualquier estado de los terrenos de los ejidatarios.
Tras el fallo, la empresa, que afirma ser “socialmente responsable” y trabajar “en estricto respeto a la ley”, se comprometió a “dar cabal y entero cumplimiento a la resolución definitiva que fue pronunciada en el juicio agrario número 188”.
Sin embargo no cumplió con sus promesas y continuó con la incursión ilegal, por lo que abogados de los ejidatarios presentaron una denuncia ante el Ministerio Publico que quedó registrada en el expediente 0987/2014, que contiene material fotográfico y diversas grabaciones.
“Es desesperante ver como esta compañía de saqueadores se pasa por el arco del triunfo las sentencias de la magistratura, ratificadas por colegiados y la misma Suprema Corte de Justicia la Nación, pues no tiene el menor reparo en manifestar su desprecio por el Poder Judicial tanto verbalmente como en los hechos”, subrayó Thomas González.
Incluso, dijo, la minera se ha negado a la restitución de las tierras a su estado original y el pago de los daños causados al patrimonio de los ejidatarios.
“Esta empresa hace lo que quiere en Sonora, pues las dependencias son omisas a su conducta, se aprovechan del alto poder económico, político y de relaciones para continuar con su saqueo sistemático. Incluso su abogado principal es Héctor Madrid Castro, cuñado del senador por Sonora Ernesto Gandara Camau El Borrego”, apuntó.
Y remató: “Es muy difícil obtener justicia para el campesino cuando las instituciones del Estado mexicano se confabulan para proteger al poderoso en perjuicio de toda una nación”.
La producción de oro disminuyó alrededor de 10% para el Grupo Peñoles, que preside Alberto Bailleres, ya que los procesos judiciales frenaron sus operaciones en las tierras del Ejido El Bajío, donde operaba una mina con el nombre “Soledad Dipolos”.
Grupo Peñoles opera a nivel internacional bajo la firma “Fresnillo PLC” y es el mayor productor mundial de plata y el segundo productor de oro de México.
